Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, sirvieron de base para desencadenar una guerra de alcance global, que explica las acciones desatadas por los grupos de poder estadounidenses, bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Primero, contra Afganistán en octubre del 2001, luego contra Irak en el marco de la “Guerra Contra el Terror” que resultó ser una farsa monumental y que continuó con agresiones contra Libia, Siria unido a la política de máxima presión contra Cuba, Norcorea, Venezuela, la República Islámica de Irán y la Federación Rusa.

Un lustro atrás, en un artículo que titulé “11 de septiembre: la farsa ya no se sostiene” señalé, que en los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, que incluyó el secuestro de aviones de pasajeros – utilizados como gigantescos misiles - quedó en evidencia la participación de miembros de la casa monárquica saudí en el apoyo a los terroristas, que participaron directamente en los atentados y sirvió de excusa para iniciar una estrategia planetaria de agresiones, que vincula estrechamente ese 11 de septiembre del 2001 con la invasión a Afganistán en octubre de ese mismo año los objetivos perseguidos, muy lejanos de los vociferados por la administración de halcones presidida por George W. Bush.

Cuando hablo de complicidad de la monarquía de Arabia Saudita, me refiero, por ejemplo, a que quince terroristas, de un total de 19 nombres entregados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, eran de nacionalidad saudí. A pesar de esa evidencia clara, de indudable dirección que investigar sobre el origen de estos actos, los hechos del 11 de septiembre del 2001 servirían de excusa, para sacar a la luz pública y desarrollar la estrategia belicista que la administración presidida por Bush Junior llamó “la guerra contra el terror” y poner en acción el andamiaje militar estadounidense en la llamada Operación Libertad Duradera, que significó la invasión y ocupación de Afganistán en octubre del año 2001 y que se prolongó hasta principios de septiembre de este año 2021, cuando salió del país centro asiático el último soldado norteamericano, tras gastar 2 billones de dólares y perder 2.443 soldados en la guerra más prolongada que haya generado este país.

Muerte y Destrucción en Asia Central

Los 2.996 muertos, entre aquellos que estaban en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Washington y los pasajeros y tripulantes de las tres naves aéreas secuestradas, representan el mayor ataque terrorista en territorio estadounidense, en lugares símbolos del poder económico y militar de este país. Un día que año a año es recordado por la sociedad estadounidense, pero, donde los únicos que siguen exigiendo justicia y reparación son los familiares de las víctimas, pues la casta política y militar, a estas alturas cómplices de los financistas y avales de los atentados, se han negado a develar la real implicancia de Arabia Saudita en estos hechos. Hasta ahora, la versión de las diversas administraciones de gobierno estadounidense, desde el año 2001 a la fecha, tanto con George W. Bush, Barack Obama y en la actual presidida por Joe Biden suele callar e incluso descartar la participación de la Monarquía Wahabita en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas, que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre.

Una conducta, que a contrapelo de las líneas investigativas, los nombres involucrados, las pruebas presentadas, que involucran a la monarquía wahabita, los gobiernos estadounidenses se han negado a profundizar y señalar con precisión a los responsables detrás de las sombras. En aquel entonces y hoy, me pregunto ¿Por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como partícipe en la muerte de miles de sus ciudadanos? La “Pista Interior” en el seno de los gobiernos estadounidenses, es una línea que permite hilar esta siniestra madeja, que reúne a los grupos de poder político y empresarial norteamericano: lobby saudí, sionista, energético, junto al complejo militar-industrial y una clase política, capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales. Una pista que señala que la invasión a Afganistán fue una guerra preparada previo a los atentados y cuyo objetivo está relacionado con el tema hidrocarburífero, oleoductos, como también geopolíticos, relacionados con el dominio de Asia Central, sus rutas energéticas, disputa con el creciente poderío de la República Popular China y el cerco a la República Islámica de Irán, cuya revolución ha sido una espina clavada en el imperialismo y sus socios sionistas y wahabitas.

Una “Pista Interior” visualizada a los pocos meses de los atentados por el francés Thierry Meyssan quien en su libro “La terrible Impostura” afirma “los atentados fueron patrocinados desde el interior del aparato de estado norteamericano y no por Osama Bin Laden, que era un socio comercial de la familia del presidente estadounidense George W. Bush”. Meyssan sostiene que las investigaciones en Estados Unidos fueron impedidas por el propio gobierno pues la versión oficial no se sostiene, con un mínimo análisis crítico, pues se trata de un montaje” Meyssan menciona la imposibilidad que el ataque al Pentágono fuese efectuado por un Boeing 757 y más bien se trató de un misil disparado por las propias fuerzas estadounidenses. Igualmente consigna el derrumbe de un tercer edificio, calificándolo como un centro secreto de la CIA dedicada al espionaje económico.

El FBI dedicó sus primeros esfuerzos, no en perseguir a los autores y los involucrados, sino en facilitar la salida, en aviones autorizados por el propio gobierno estadounidense, de familiares, amigos y personas vinculadas a Bin Laden y la representación diplomática saudí. Investigaciones intencionadamente dirigidas a enfoques alejados de los realmente importantes como se ejemplifica el ocultar el atentado a una edificio cercano a la Casa Blanca (Edificio Eisenhower) Las conjeturas respecto a los atentados del 2001, sólo podrán ser contestadas con la plena apertura de los documentos clasificados, parte de los cuales, anunció el presidente Joe Biden el pasado 3 de septiembre. Documentos que serán desclasificados progresivamente, gracias a una orden ejecutiva que podría abrir algo de luz a estos veinte años de nebulosas, ocultamiento de información y presunciones.

A través de esta orden ejecutiva, el gobierno de Biden pretende generar una conducta de transparencia ante las víctimas y sus familiares. La idea es que los organismos e instituciones como el Departamento de Justicia y a las agencias de inteligencia “revisen todos los documentos previos y posteriores al atentado y comiencen con su desclasificación progresiva, un proceso que podría llevar unos seis meses…El objetivo de todas estas reclamaciones se basa en investigaciones que vinculan a numerosos ciudadanos sauditas –relacionados con el Gobierno de Riad– con la preparación de los atentados del 11 de septiembre. Aunque se demostró la relación de estas personas con varios de los secuestradores de los aviones, jamás se ha inculpado al Gobierno de dicho país.”

Un país como Arabia saudí que profesa, a través de la doctrina rigorista del wahabismo,  una forma absolutamente  distorsionada del islam, pero que  no impide que la casa al Saud, figure en “el eje de los moderados” de Estados Unidos y que exista una alianza fáctica - no sólo entre un gobierno de una democracia representativa como la estadounidense,  con una monarquía como la saudí - sino también entre fundamentalistas neocons protestantes y los wahabíes a despecho del odio teológico que los fundamentalistas protestantes profesan a los musulmanes y el que los fundamentalistas wahabíes profesan a los cristianos. Tras esa alianza teológicamente incomprensible, no es difícil percibir una colaboración plutocrática de intereses creados.

La política de silencio estadounidense, respecto a la participación de Arabia saudí en los atentados del 11 de septiembre del 2001, estaban destinadas a no afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos, que superan los 800.000 millones de dólares y que la Monarquía Wahabita amenazó con retirar si la investigación que los compromete, respecto a los atentados, continuaba. Tienen más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Asia Occidental, junto a la Casa al Saud, devenida en Gendarme de esos intereses y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahréin, Siria e Irak. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company. Todo ello, para Washington tiene mayor valor que la muerte de sus ciudadanos, si el objetivo es la sobrevivencia de un sistema político, económico y de dominio que incluso requiere de estos mecanismos, para pretender seguir en su papel de potencia hegemónica”.

Veinte años después de los atentados de septiembre del año 2001, ha llegado la hora de desempolvar las investigaciones y señalar claramente la responsabilidad de Arabia saudí y el gobierno de George W. Bush en un atentado que generó miles de muertos en suelo estadounidense. Recordemos que existe una demanda en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York donde se acusa a funcionarios diplomáticos sauditas de haber entregado apoyo material y protección a parte importante de los terroristas previos a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Los dardos están dirigidos también a las diversas administraciones estadounidenses de obstaculizar las investigaciones y las peticiones de demandas y entrega de documentación que permitiera tener acceso a fotografías, videos y todo tipo de registros. Los familiares de las victimas centran también sus sospechas en el FBI, al que acusan de haber destruido pruebas que implicarían a Arabia saudita en los atentados.

Una investigación del Congreso estadounidense y 28 páginas que estuvieron bajo absoluto secreto desde el año 2002 hasta el año 2016, donde salieron a la luz pública, reveló una serie de hechos “respecto a que los autores del atentado del 2001, durante su estancia en Estados Unidos estuvieron en contacto, recibieron apoyo o asistencia de personas relacionadas con el gobierno de Riad”. En aquella investigación se menciona, igualmente, que el único preso por la causa del 11 de septiembre del 2001 Zacarías Moussauoi, francés de origen marroquí – y extrañamente detenido un mes antes de los atentados y vinculado con posterioridad - ha señalado a su abogado defensor que dos príncipes sauditas fueron los financistas de los atentados. Entre ellos el príncipe Turki al Faisal al Saud, un exjefe de la inteligencia saudí, quien financiaba a al Qaeda desde finales de 1990.

El Senador Bob Graham, miembro de la Comisión Investigadora del Senado sobre los atentados del 2001 consignó que “el documento que desclasifica 30 nombres de saudíes involucrados en los atentados – llamado archivo 17 - ofrece pistas que renuevan los llamados de para aprobar una ley que permita a los miembros de las familias de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudí por tener vínculos con esos atentados". Informe que no excluyó la intervención de sociedades de corte benéfica (6) vinculadas con la monarquía saudí, que entregaron millonarias cifras en apoyo de Al Qaeda. Graham tuvo razón, pues ese documento sirvió para que el congreso estadounidense aprobará en septiembre del 2016 la llamada Ley de Justicia Contra los patrocinadores del terrorismo que permitiría a los familiares de las víctimas de los atentados del 2001, demandar a Arabia saudí. Hasta ahora una utopía frente a las amenazas de Riad de retirar todos los fondos de inversiones, que tiene en la economía norteamericana e incluso poner en entredicho la presencia de las bases militares de Estados Unidos en su territorio y así dejar de ser el principal comprador de armas norteamericanas del mundo.

La señalada orden ejecutiva de Joe Biden debería permitir analizar toda aquella información, que no se podía dar a conocer el año 2016 mostrará las relaciones, no sólo políticas, sino también económicas y empresariales entre el complejo militar industrial estadounidenses con miembros de la familia Bin Laden, uno de los grupos inmobiliarios, construcción e inversiones más poderosos de Arabia saudí. Relaciones que el ex congresista republicano Porter Goss devela al señalar que “incluía a personajes como el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex vicepresidente Dick Cheney. Negocios multimillonarios que involucran a empresas como Carlyle Group – donde aparecen nombres que han estado vinculados a Bush padre e hijo, Militares del Pentágono y Congresistas – y The Bin Laden Group que hicieron millonarios contratos tras la Guerra del Golfo del año 1991 y han participado con empresas filiales en la “reconstrucción” de Kuwait, Irak y la propia Afganistán”

Para el ex piloto de la CIA y de la DEA, Phillip Marshall quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos “El Gran Engaño” sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que “los 3 mil muertos en Nueva York sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor en Estados Unidos”. Este ex piloto de agencias de gobierno estadounidense fue encontrado muerto, en febrero del año 2013, junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes sin que hasta el día de hoy aparezcan sus responsables.

Tras dos décadas de los atentados del 11 de septiembre del 2001, de la invasión a Afganistán un mes después de esos hechos, la verdad sale a la luz encandilando con un brillo que no puede ocultar la relación estrecha, criminal y violadora del derecho internacional y los derechos humanos de millones de personas entre Washington y Riad, impulsores del terrorismo global. Los atentados del 2001 sirvieron de base, para llevar adelante empresas militares de alcance planetario y que en el caso de Afganistán han significado dos décadas de invasión, ocupación y destrucción, hasta que en septiembre de este año 2021 saliera el último efectivo militar tras el triunfo de las fuerzas de los Talibán contra los efectivos del gobierno de Kabul sostenidos por occidente. Un fracaso total que ha dejado un rastro de sangre, muerte, millones de refugiados, desplazados y el retroceso del país a niveles de los años 70.

Los 2.996 muertos estadounidenses por los atentados del 11 de septiembre del año 2001 se multiplicaron 100 veces con hombres, mujeres y niños asesinados en veinte años de ocupación en Afganistán, 200 veces si el país es Siria y 500 veces si la referencia es Irak. Destrucción, dolor y muerte. La venganza estadounidense resultó ser una farsa monumental, que ocultó objetivos menos nobles que exigir justicia, una política de caos  que ha servido para agredir a Afganistán, Irak, Siria, Libia, desestabilizar a la República Islámica de Irán, Venezuela, desestabilizar a Rusia y establecer una guerra económica contra China.

Es indudable, que la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán derrotadas, con la cola entre las piernas, demostrando la falsedad de los argumentos esgrimidos para invadir el país el año 2001 y sobre todo con un desprestigio que se agranda día a día, marcan el fin de una etapa iniciada el 11 de septiembre del año 2001 con los atentados en Nueva York y Washington pero, no significa el fin de una política estadounidense destinada a tratar de no perder la hegemonía de la cual gozaba hasta hace poco tiempo y que hoy, marca en la bolsa de valores de las potencias mundiales, una tendencia sostenida a la baja.