Finalmente, Enrique Peña Nieto se dobló ante la presión nacional e internacional y decidió sacrificar al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Eso, desde luego, no estaba en el programa. El plan contemplaba la impunidad para todos los responsables de los crímenes de Iguala. Y parecía fácil lograrla. 

Primero se culparía al narcotráfico de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y luego, hilando un poco más fino, se correría la especie de que los muchachos servían a un cártel de las drogas y que eso los convirtió en víctimas de alguna otra banda de narcos.

Estas versiones tan falsas como dolosas deberían penetrar en la conciencia social, lo que mataría en la cuna cualquier protesta o exigencia de justicia. Para ello se contaba con el inestimable concurso de la radio, la televisión y la mayoría de los medios de comunicación impresos. Éstos harían suya las calumnias y las divulgarían profusamente.

Pero la estrategia falló: nadie se tragó el cuento oficial. Y entonces el gobierno federal tuvo que sacrificar una primera cabeza. Le tocó al presidente municipal de Iguala, responsable inmediato y más visible de los atroces crímenes. El tipo huyó protegido por el aparato del Estado. Y ahora está desaparecido. Si aparece, sus mandantes y cómplices podrían volverlo a sacrificar enviándolo de por vida a la cárcel, pero con riesgo de que abra la boca y cuente los pormenores de la conspiración criminal de Iguala. Esto hace suponer que no aparecerá vivo. La norma entre los grupos mafiosos es eliminar físicamente al que pueda hablar y denunciar al resto de los criminales. 

Para su propia fortuna, Ángel Aguirre Rivero no corre este último peligro. Pero no está a salvo de ser acusado penalmente por los crímenes de Iguala. Todo dependerá de la continuidad y magnitud de las protestas nacionales e internacionales. México y el mundo repudian la impunidad y exigen justicia. Y la impunidad para Aguirre, pactada con el gobierno peñista, será motivo del acrecentamiento de la protesta universal. Y si por ello sus mandantes y cómplices deciden abandonarlo, es posible que en algún momento próximo  veamos al ex gobernador y a muchos de sus colaboradores tras las rejas.

Pero no será éstos los únicos perdedores de la fracasada conspiración criminal. Al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se le ha escapado la candidatura a la Presidencia de la República. Cómo hacer presidente a uno de los principales responsables políticos de los hechos de Iguala. 

Esta baja en el grupo de aspirantes le allana el camino a Los Pinos al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien, no se olvide, ya acusó elípticamente a Osorio Chong de no hacer su trabajo en materia de seguridad y con ello poner en riesgo la llegada de nuevas inversiones a la economía mexicana.

Otro damnificado será sin duda el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Su negra actuación en el caso Ayotzinapa lo ha marcado para siempre: o inepto, grandemente inepto, o encubridor, grandemente encubridor, de aquellos nefandos crímenes.

A la lista de víctimas de sus propias y tartufescas acciones habrá que agregar a los Chuchos, corriente dominante en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete (actual presidente perredista) y sus seguidores han pasado de tener fama pública de venales a tenerla de criminales. 
Y finalmente, en el sálvese quien pueda que han provocado las protestas por Iguala, Enrique Peña Nieto está viendo morir su sexenio antes de cumplir dos años de mandato. Iguala ha sido para él, lo que Tlatelolco fue para Gustavo Díaz Ordaz.
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