Los desafíos del nuevo congreso mexicano
Quienes ocuparán los 500 escaños de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tras las elecciones de este domingo en México enfrentarán dos desafíos puntuales: el Presupuesto de Egresos de 2016 y la continuidad de la reforma en materia de desapariciones forzadas impulsada por el Gobierno.
Después de las elecciones, las autoridades hacendarias de México deben entregar en septiembre el paquete económico para el 2016, que incluye el Presupuesto de Egresos, el cual deberá ser revisado y aprobado por el Congreso.
Además, a los diputados les corresponde decidir cuáles leyes integrarán la recién aprobada reforma sobre desapariciones de personas, un tema de suma importancia para los mexicanos debido a que tan solo este año unas 23 mil 600 personas están desaparecidas en todo el país.
Recortes al presupuesto de 2016
En noviembre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2015, por un monto de cuatro billones 694 mil 677 millones 400 mil pesos (más de 3 mil millones de dólares).
La cantidad representó un aumento en cuanto a la propuesta inicial del Ejecutivo. Es decir, se incrementaron los recursos asignados a cultura, deporte, infraestructura, carretera e hidráulica, educación, migración e inclusión social. Entre las ampliaciones presupuestarias se encuentran los 400 millones de pesos (más de 25 millones de dólares) para las escuelas normales rurales.
Sin embargo, se prevé que el Presupuesto de Egresos para el 2016 sea menor al aprobado para este año. Una decisión de la cual estarán a cargo los diputados que serán elegidos para ocupar los escaños del Congreso.
El economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán, citado por el eleconomista.com.mx, cree que la nueva composición del Congreso será determinante para el tamaño y los recortes al presupuesto del 2016.
Mientras que el economista en jefe para México de Barclays, Marco Oviedo, indicó que si la oposición queda más fragmentada dentro del Congreso se reducirán las probabilidades de construir frentes comunes que afecten los planes del Gobierno para realizar los ajustes fiscales anunciados para el 2016.
La continuidad de la reforma en materia de desapariciones forzadas, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, representa el segundo gran desafío del nuevo Congreso, debido a que decidirá cuáles son las leyes que la enmarcarán.
En abril pasado fue aprobada esta reforma, que facultará al Congreso Federal para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alabaron la reforma de desapariciones forzadas. Afirmaron que "constituye un primer paso para atender el sentido de las recomendaciones que hicimos al Estado mexicano de emitir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura en nuestros informes de misión al país de 2012 y 2015".
Le corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar las leyes generales de esta reforma para enfrentar los problemas en materia de desaparición de personas. Una realidad que es rechazada internacionalmente desde el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014.
Para los expertos de la ONU "las leyes deben ser procesadas mediante un proceso abierto y consultivo en el que se garantice la participación plena de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil".