En lo alto de las montañas, detrás de la ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, opera la mina de oro a cielo abierto Yanacocha, de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation, muy conocida entre los campesinos de Choropampa por las secuelas que dejó en la salud y el medio de subsistencia de sus pobladores.

Y es que quince años atrás, uno de los camiones de la empresa derramó 151 kg de mercurio (metal líquido plateado utilizado para purificar el oro) a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa Choropampa, afectando mayoritariamente a niños, quienes recogieron con sus manos esa sustancia.

Entre los síntomas diagnosticados en la población, según una investigación publicada por la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en 2009, y que aún persisten, se encontraron: sabor metálico en la boca, problemas respiratorios, sarpullido, temblores, labilidad emocional, insomnio, pérdida de la memoria, cambios en el sistema neuromuscular, dolores de cabeza, dolor lumbar y articular.

Asimismo, esta comunidad, que se caracterizaba por su producción de frutas y café, se vio obligada a dejar la agricultura y dedicarse al comercio, debido a los efectos adversos producidos por el mercurio en el agua de este poblado.

¿Por qué protestan contra Tía María?

“Si me hubieran disparado en la cabeza me habría sentido mejor. Nada puede ser peor que ver sufrir a mis hijas y que me digan que sufren terribles dolores en sus ojos, sus espaldas, sus cabezas, cada día. ¿Qué puede decir un padre a sus hijos enfermos?, ¿cómo les puedo explicar que la mina de oro más rica del mundo que está en la montaña no nos quiere ayudar?”, contó el campesino Alfonso Charrasco a la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, casi cuatro años después de ocurrida la tragedia con mercurio, la cual lo obligó a desplazarse de su hogar con su familia.

 

CONTRA LA TÍA MARÍA

Las protestas contra el proyecto de mina de cobre a cielo abierto Tía María, de la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC), en los yacimientos Tía María y La Tapada, ubicados a poca distancia del Valle de Tambo, provincia de Isaly, al sur de Arequipa, ha registrado hasta el presente la muerte en manos de la policía de siete campesinos –tres en 2011 y cuatro en 2015–, y la decisión presidencial del gobierno del presidente Ollanta Humala de decretar un Estado de Emergencia por sesenta días, suspendiendo así los derechos constitucionales al libre tránsito, la reunión, la no violación del domicilio, entre otros.

Y es que los habitantes de los tres poblados que comparten el Valle de Tambo, Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia, en Islay, teniendo bastante presente la tragedia con mercurio en Choropampa, no están dispuestos a poner en riesgo ni su salud ni las de sus hijos, ni tampoco dejarán que su único río (el Tambo) que les provee de agua potable para su consumo y la agricultura, la cual da trabajo a diez mil personas y alimentos a Arequipa y países vecinos como Venezuela, donde les son exportadas papas, sea contaminado por la minería.

Ambientalistas, entrevistados por el corresponsal de Telesur en Perú, explicaron que las lluvias y el agua que se use en la extracción de cobre a cielo abierto harían que el arsénico utilizado para esta práctica discurra en el río Tambo.

“Ese arsénico es venenoso, y si contamina el río perjudicará la vida del Valle de Tambo, impedirá que las personas beban su agua, y son 49 mil personas que la beben directamente”, alertó el ambientalista Miguel Portugal, agregando que las perforaciones para extraer el cobre –de 480 metros de profundidad– afectarán las aguas subterráneas que abastecen a ese río.

Asimismo, la propuesta de la Southern Copper Corporation de utilizar agua del mar afectará al poblado que hace vida en el puerto de Mollendo, debido a que los residuos del proceso de desalinización perjudicarán a la cadena trófica. “Ésta es una zona de desove, de reproducción de peces, al cambiar la salinidad va a alterar el ecosistema, desapareciendo especies y alejándolas”, advirtió el ambientalista Víctor Paredes.

El proyecto recibió desde un comienzo el rechazo popular tras ser presentado el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Southern Copper Corporation el 2009 al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú.

En noviembre de 2010 el Minem firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para que un grupo de técnicos de allí revise el EIA, encontrándose 136 observaciones.

En 2014 el Minem aceptó y aprobó el nuevo EIA argumentando que las 136 observaciones anteriores ya estaban subsanadas.

Uno de los pedidos de los agricultores es que la Unops confirme si el nuevo Estudio de Impacto Ambiental resolvió las 136 observaciones anteriores, algo que el Ministerio del Ambiente y el Minem consideran innecesario.

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Minería a cielo abierto, técnica destructiva

“La minería a cielo abierto es una técnica altamente destructiva, social y ambientalmente. Se barre la capa boscosa, se elimina la flora y la fauna, se contaminan todas las aguas –superficiales y freáticas–, se destruyen ríos y nacientes. La minería a cielo abierto barre la capa vegetal y elimina el suelo para acceder a la capa rocosa que es la que tritura y muele para llevarla a una tina de lixiviación donde se diluye en una mezcla de agua cianurada para separar los metales. Nadie puede garantizar que no hayan derrames por causa de fenómenos naturales o por las intensas lluvias que se dan en el área, lo que acarrearía graves e irreparables consecuencias en los ecosistemas y las comunidades. Una vez que la mina entra en operación, no hay forma de evitar el desastre que supone la minería a cielo abierto porque su técnica está fundamentada en la destrucción de la biodiversidad para extraer los metales. Si queremos salvar los ecosistemas y las comunidades, tenemos que erradicar la minería metálica a cielo abierto”, escribió Héctor Endara Hill, del Colectivo Panamá Profundo, en su artículo “Petaquilla, cientos de hectáreas han sido destruidas”, el 5 de julio de 2007, en referencia a la mina de oro operada por la empresa Petaquilla Minerals en Panamá.

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Cronología de la imposición del proyecto Tía María

1994 Comienzan los primeros trabajos de exploración del proyecto Tía María.

2007 La empresa estadounidense-mexicana Souther Copper Corporation anuncia su plan de inversión.

2009 La empresa presenta un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) donde no aclara de dónde sacará el agua para trabajar. Se le pide a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) evaluarlo.

2011 La Unops presenta un informe con 136 observaciones que resalta que el EIA no contaba con un estudio de agua y suelo.

2014 El Gobierno peruano aprueba el EIA.

2015 Ollanta Humala decreta Estado de Emergencia para reprimir las protestas en el Valle de Tambo tras la muerte de cuatro personas. 48 horas de protesta contra la minera.

Artículo tomado de: http://www.ciudadccs.info/2015/06/12/campesinos-de-pie-contra-minera-en-peru/