El ajuste contra las políticas de género y feministas en el país no se detiene: el Gobierno de Javier Milei vuelve a disolver áreas vinculadas que pertenecían al ya desmantelado Ministerio de la Mujer.

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En este sentido, el Ministerio de Justicia de Argentina disolvió dos áreas vinculadas con políticas de género. La cartera de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona desmanteló el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que desarrollan Temáticas de Género y Diversidad y el programa Acercar Derechos.

Ambas fortalecían el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y del colectivo LGBTI+ en situación de violencia. Sin embargo, la declaratoria del portavoz presidencial Manuel Adorni insiste que las dos eran «estructuras que le costaron millones de pesos a los argentinos sin obtener resultados concretos».

Adorni, al intentar deslegitimar los objetivos de las políticas a favor de la equidad y contra la violencia por motivos de género, precisó que el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) destinó numerosos recursos “a programas ideológicos mientras los delitos violentos aumentaban”.

Mientras insistió, sin dar detalles de las fuentes, que, “sin Ministerio de la Mujer, los asesinatos de mujeres bajaron un 14,3 por ciento y los delitos sexuales se redujeron 12,8 por ciento”, el observatorio Adriana Zambrano de la Casa del Encuentro refirió que desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2025, se produjeron 77 feminicidios en Argentina.

En el primer semestre del año se registraron 128 feminicidios, lo que arroja el promedio de un asesinato cada 34 horas, en sintonía con el registro histórico que desde hace años lleva adelante la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Desde que asumió en diciembre de 2023, el Gobierno de Milei no solo eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que también disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), prohibió el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y la perspectiva de género en políticas públicas, y propuso eliminar del Código Penal el agravante vinculado a la violencia por motivos de género.

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