Este martes 20 de mayo de 2025, Uruguay volverá a marchar en silencio por la memoria de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Se cumplen 30 años de esta emblemática movilización, que reúne cada año a miles de personas bajo una consigna que persiste: «30 veces nunca más: sepan cumplir. ¿Dónde están?»

La Marcha del Silencio partirá desde el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, ubicado en la esquina de avenida Rivera y calle Jackson, en Montevideo, y recorrerá la principal avenida de la ciudad hasta Plaza Libertad. Será un acto de memoria y reclamo encabezado por el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, acompañado por organizaciones de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad.

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La movilización recordará también los asesinatos del senador Zelmar Michelini, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor.

El mensaje es claro y contundente: «se exige verdad, justicia y el acceso a información aún oculta«. Hace unas semanas, el presidente Yamandú Orsi recibió a representantes del colectivo de Familiares, quienes calificaron el encuentro como “constructivo” y pidieron al Poder Ejecutivo que impulse acciones concretas para obtener datos desde las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los desaparecidos.

Este compromiso con la memoria no solo se vive en Montevideo, sino que se replica en distintas localidades del país y de la región. Es un clamor que atraviesa generaciones y fronteras

Desde las 17:00 horas local comenzarán los cortes de tránsito en la avenida 18 de Julio, entre Barrios Amorín y Río Negro, y en las intersecciones de Ejido y Aquiles Lanza. A las 18:00, se realizará un corte total del recorrido, incluyendo Jackson esquina Guayabos.

Esta marcha se realiza desde 1996, todos los 20 de mayo, día en el que fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Argentina.

No se realizaron las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos y se emitieron amnistías mediante mecanismos como la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado de 1988, momento en que el Estado uruguayo renunció al juicio penal a los responsables.

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