En medio de la represión a las protestas sociales en Panamá que ya han dejado al menos dos fallecidos, el Gobierno panameño anunció el viernes la suspensión de las garantías constitucionales y el «estado de urgencia» en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

LEA TAMBIÉN:

Panamá: muere manifestante durante protestas contra reforma de pensiones

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, informó que la medida regirá por cinco días en un intento por poner fin a las protestas y movilizaciones sociales en la provincia panameña.

En la víspera, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, advirtió que valoraría «tomar acciones constitucionales» en la región ante los supuestos ataques registrados contra edificios públicos y comercios.

Las protestas comenzaron en el mes de abril y han sido protagonizadas por sindicatos de la construcción, docentes y comunidades indígenas. Todos exigen la derogación de una reforma aprobada en marzo, que eleva la edad de jubilación y abre la puerta a la privatización de los fondos de pensiones.

Para reprimir las movilizaciones, la Policía de Panamá ha implementado la operación Omega, con el despliegue de 1.500 efectivos en la región para «garantizar el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía», sobre todo ante el bloqueo de rutas con árboles por parte de los manifestantes.

EN ESTA NOTA: