“Se nos pudrió la frontera con Colombia”, dijo recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores. Cuando dio estas declaraciones, no había pasado una semana desde que su Gobierno cerrara el paso fronterizo terrestre y decretara el estado de excepción en varios municipios del estado Táchira, colindante con ese país.

¿La razón?.  Un ataque por la espalda de un comando paramilitar contra tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el pasado 19 de agosto, que los dejó gravemente heridos y en terapia intensiva en un hospital local. 

Pero este reciente ataque es sólo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo.  Venezuela, desde hace varios años, ha venido denunciando la presencia de grupos paramilitares de extrema derecha en su territorio, trasladados desde Colombia con fines políticos y económicos.

En mayo de 2004, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, denunció al mundo la presencia de un ejército paramilitar en la finca Daktari, en el municipio El Hatillo del estado Miranda (centro-norte).  El objetivo de este escuadrón era el asesinato de Chávez.

En total eran 116 hombres, todos colombianos, vestidos con uniformes militares venezolanos y con armas de guerra.  

Eran los ejecutores de un plan de magnicidio ideado en el eje Caracas-Bogotá-Miami.  De hecho, el terreno donde se entrenaban y escondían  era propiedad del cubano Robert Alonso, hermano de la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, reconocida reaccionaria y que, once años después, vuelve a aparecer en los titulares de prensa, otra  vez por su relación con estos grupos armados al margen de la ley. 

En esa oportunidad, Chávez deportó a los paramilitares y se los entregó al para entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para que la justicia de ese país se encargara de ellos.

Hoy, en 2015, Caracas sigue denunciando la presencia paramilitar colombiana en su territorio, ya no sólo con fines políticos, sino como la punta de lanza de la guerra económica que enfrenta este país desde hace varios años, y que se ha recrudecido desde la desaparición física del Comandante Chávez.

Contrabando de extracción, secuestro, prostitución, tráfico de narcóticos, de personas, de armas, de combustible, son algunas de las denuncias que ha hecho recientemente el presidente Maduro, y que le obligó a cerrar la frontera terrestre con Colombia por el estado Táchira, primero por seis días, y ahora indefinidamente, hasta tanto no se restablezca la paz y la convivencia sana entre países hermanos.

 

El paramilitarismo

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 En los años 30 del siglo XX, la mayoría de la población colombiana vivía en áreas rurales, en las que los campesinos pobres batallaban para sobrevivir, esa lucha incluía defender sus tierras de los terratenientes.

Para el año 1946, los campesinos se habían organizado en pequeños grupos armados de autodefensa, alineados con uno de los dos principales partidos políticos de Colombia: el Partido Liberal y el Partido Conservador.

Los grupos armados que estaban alineados con los conservadores fungieron como paramilitares durante la presidencia de Mariano Ospina Pérez (1946-1949).

Ospina Pérez se comprometió a defender a los grupos de extrema derecha, mientras buscaba, al mismo tiempo, llegar al liderazgo liberal y tratar de incorporarlos a su Gobierno.

El punto culminante fue el asesinato del candidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán en 1948; este evento llevó a un estallido social que incluyó confrontaciones armadas entre ambos partidos políticos. Las protestas generalizadas y las revueltas políticas causaron un levantamiento militar y luego una dictadura encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Tras décadas de violencia, los dos partidos políticos acordaron en 1957 alternarse en el poder, y en consecuencia el Partido Liberal hizo un llamado a sus seguidores para que depusieran las armas. Sin embargo, el problema de los campesinos estaba muy lejos de ser resuelto, por ello, el Partido Comunista decidió entrar en escena y ayudarlos.

A medida que se consolidaba la alianza entre los liberales y conservadores, los terratenientes, apoyados por políticos locales, utilizaban efectivos policiales, vestidos de civil, para aterrorizar a los campesinos y sacarlos de sus tierras. Esta primera versión de los grupos paramilitares colombianos se conocía como los “chulavitas”.

Por otra parte, en Cuba, durante la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959), emergió un grupo paramilitar, liderado por, el entonces senador, Rolando Masferrer. El grupo criminal llamado los Tigres de Masferrer aterrorizó a la población cubana entre los años 1957 y 1958, con el objetivo de lograr su obediencia.

De acuerdo al gobierno cubano, se cree que el grupo paramilitar de Masferrer es responsable de la muerte de más de 2 mil personas.

Entretanto en Colombia, los campesinos se organizaban en grupos guerrilleros que aumentaban en número cada vez más, hasta que el Gobierno decidió intervenir con el apoyo de Estados Unidos. Ese sería el inicio oficial del actual conflicto armado en el país andino.

Un informe secreto de esa visita, liderada por William P. Yarborough (general de brigada del Ejército estadounidense ), muestra que el equipo de asesores había concebido una estructura que sería “usada para desempeñar funciones de contrainteligencia y contrapropaganda y, de ser necesario, ejecutar acciones de paramilitarismo, sabotaje y/o terrorismo en contra de los partidarios del comunismo”.  Este documento indica que tales actividades “deberían ser apoyadas por Estados Unidos”.

 

Posteriormente, los escuadrones de la muerte y paramilitares se multiplicaron en todo el territorio colombiano, incluso en ciudades tan grandes como Medellín. Su modus operandi consistía en colocar bombas acompañadas por grafitis con consignas para responsabilizar a la guerrilla.

Los grupos eran reclutados y entrenados por los militares colombianos y la inteligencia.

No obstante, la estructura paramilitar evolucionó para convertirse en un negocio. El investigador y activista por los derechos humanos, Mauricio Romero, ha aportado pruebas de los millones que ha acumulado la mayor fuerza paramilitar en Colombia –las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- a través de la extorsión, vínculos con narcotraficantes y autoridades; además de una red de negocios que en apariencia son legales, pero que solo esconden enormes operaciones de lavado de dinero.

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En 1988, durante uno de los momentos más álgidos de la guerra civil colombiana, un grupo de terratenientes y capos de la droga, con la ayuda del Gobierno, contrataron al excoronel y mercenario de Isarel, Yair Klein, y otros tres coroneles activos israelíes para entrenar a los líderes de las AUC en tácticas contrainsurgentes y de terrorismo contra la población civil indefensa.

Durante el conflicto y hasta nuestros días, los métodos que han utilizado los grupos paramilitares y los militares colombianos convirtieron a estos grupos en serios violadores de los derechos humanos, tal como indican numerosos estudios.

Tanto los grupos paramilitares como los militares han trabajado coordinadamente para desarraigar a poblaciones enteras, bajo el argumento de que eran comunidades que secundaban a las guerrillas insurgentes de izquierda.

Hasta el año 1997, Venezuela, vecino de Colombia, había estado libre de grupos paramilitares, a pesar de su desigual distribución de la tierra y de los pequeños grupos guerrilleros en el país.

En febrero de ese año fueron capturados integrantes de grupos paramilitares que estaban conectados con acaudalados terratenientes y tenían mapas muy detallados de la región fronteriza de Apure. Uno de los hombres capturados aseguró que fueron contratados por el general venezolano Enrique Medina Gómez.

Después del año 1997, algunos informes aislados mostraron que eran muy comunes los secuestros y asesinatos por parte de paramilitares colombianos.

Sin embargo, en el 2002, surgió un video en el que el llamado “comandante Antonio”, anunciaba el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), inspiradas por su par colombiano. Durante el vídeo, el cabecilla afirmó que su grupo declaraba al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como un “objetivo militar”.

El líder de las AUC, Carlos Castaño, confirmó que las AUV estaban trabajando en coordinación con las AUC colombianas.

Para el año 2003, unos 500 paramilitares colombianos de las AUC lanzaron una serie de ataques en el territorio venezolano. Ese año, un informe difundido por una ONG reveló que unos 120 campesinos y líderes indígenas habían sido asesinados en los últimos cuatro años, casi todos simpatizantes del Gobierno venezolano y la mayoría residentes del estado Zulia, fronterizo de Colombia.

 

El mayor aumento de la actividad paramilitar en Venezuela ha ocurrido en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia y cuyos gobiernos son de derecha y opositores.

En 2004, las autoridades venezolanas descubrieron un campamento paramilitar en las afueras de Caracas, allí capturaron un grupo de 116 paramilitares colombianos. La finca donde estos paramilitares estaban entrenando pertenecía a Robert Alonso, un prominente activista de la oposición venezolana.

El líder paramilitar, Geovanny Velasquez Zambrano, luego declararía a Al Jazeera que los hombres fueron contratados por el líder opositor y ex candidato presidencial, Manuel Rosales y su objetivo era el asesinato de Hugo Chávez. Zambrano también expresó que cerca de 2 mil 500 paramilitares colombianos se hallaban dentro del país.

En febrero y marzo de 2010, una ola de asesinatos políticos en Táchira en contra de líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Gobierno, confirmó que la presencia de los paramilitares colombianos en el territorio venezolano estaba en franco crecimiento.

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Varios informes aseveran que los campamentos paramilitares se han esparcido a través de los estados Barinas y Mérida. Algunos analistas piensan que muchos de los paramilitares están viviendo en las distintas comunidades fronterizas, mantienen un bajo perfil y solo esperan órdenes para actuar.

En mayo de 2015, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González, reveló que más de 200 campesinos y líderes indígenas han sido asesinados por fuerzas paramilitares.