Los ataques criminales contra la población civil, considerados como terrorismo, se han convertido en algo recurrente en aquellas naciones que representan intereses para las potencias imperialistas, como EE.UU.

Esta situación se aprecia desde hace más de una década con las intervenciones militares que la nación norteamericana realizó en países como Irak, Siria, Afganistán, Líbano o Libia, que se prolongaron durante años y causaron numerosas bajas en la población civil, así como grandes daños y destrozos. 

Estas agresiones imperialistas fueron planteadas en sus inicios como supuestas “intervenciones humanitarias”, para llevar la “democracia” a todos los confines del mundo. 

Son muchas las voces que han denunciado que las acciones de guerra están siendo coordinadas con alianzas de intereses políticos y económicos entre las multinacionales y el Gobierno de EE.UU.

Destruidos los Estados preexistentes por las tropas opresoras (como han conseguido plenamente en Irak), llegaron a privatizar y liberalizar todas las relaciones económicas y sociales, al estilo de los planes que dicta desde Washington el FMI. 

De esta manera, imponen militarmente el control de las mafias manejadas por los servicios secretos, para beneficio exclusivo de los traficantes, del lucrativo comercio de armas de alta tecnología y de millones de seres humanos tratados como esclavos del siglo XXI.  

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Varios académicos (Herman, Chomsky, entre otros) han acusado a EE.UU. de generar terrorismo de Estado, por lo que han escrito acerca de las democracias liberales y el uso por parte de la nación norteamericana, particularmente en relación con la Guerra Fría.

De acuerdo con los intelectuales, el terrorismo de Estado fue utilizado para proteger los intereses de las élites capitalistas, y EE.UU. organizó un sistema neocolonial de Estados clientelares, cooperando con las élites locales para gobernar a través del terror.