El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este domingo que presentará al Congreso una reforma legal que permitiría la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, quien puso en peligro su llegada al poder con investigaciones cuestionadas.

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"He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas [...] y sea removida de su cargo en el marco de la ley", dijo Arévalo en un mensaje por cadena de radio y televisión, en la medida más firme contra la cuestionada funcionaria en casi 120 días de mandato.

El objetivo de la decisión del mandatario es cambiar la ley que actualmente prohíbe que el gobernante o cualquier funcionario pueda remover a la fiscal, ya que la única forma de que eso suceda es si el ocupante es condenado en un proceso legal.

El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya.

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 6, 2024

Arévalo de León indicó que la reforma de ley del Ministerio Público "preserva" la "autonomía" de la entidad "al mismo tiempo que asegura un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente que el pueblo y la Constitución le han confiado".

El presidente presentará la reforma de ley en el Congreso y dijo que será responsabilidad de los 160 diputados del organismo legislativo decidir si validan o rechazan la propuesta.

La ley de Guatemala exige que la reforma sea validada con al menos 106 votos. El Movimiento Semilla, el partido oficial, posee 23 diputados y en la elección de la presidencia del Parlamento, de enero pasado, logró obtener hasta 92 votos de grupos políticos aliados.

En su intervención este domingo, el líder recordó que la fiscal Porras ha ignorado numerosas investigaciones sobre corrupción relacionadas con figuras políticas, al mismo tiempo que ha encarcelado y confinado a aquellos que denuncian la corrupción.

"El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo", argumentó.

Porras ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018 y ella y su equipo han sido sancionados por Estados Unidos en 2021 debido a que han "socavado la Justicia" en el país centroamericano, según el Gobierno liderado por Joe Biden.

Según varias fuentes, la fiscal general es responsable de los intentos de impedir la investidura de Arévalo de León en enero pasado, así como de la persecución judicial a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluyendo al comunicador José Rubén Zamora Marroquín, quien está encarcelado desde 2022.

Porras fue reelecta hace dos años por el gobernante en ese momento, Alejandro Giammattei, y su mandato termina en 2026.