La justicia peruana prohibió este sábado al expresidente de la nación, Alan García, la salida del país por un plazo de 18 meses mientras avanza la investigación por lavado de activos y colusión agravada en la que se lo implica.

El dictamen emitido por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, va en conformidad con el pedido del fiscal José Domingo Pérez, por la supuesta vinculación del expresidente con el entramado de corrupción de Odebrecht en Perú. 

En ese sentido, el juez consideró que "existen suficientes elementos de convicción" para aceptar el pedido del fiscal por los "actos ilícitos de concertación" de la licitación de la línea 1 del Metro de Lima, además de que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados". 

Por su parte, el fiscal Pérez especializado en delitos de corrupción, indicó en sus alegatos en el juicio que tanto García como otros miembros de su Gobierno favorecieron a la empresa Odebrecht.

De acuerdo a las acusaciones, García habría recibido unos 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por intermedio del abogado de la empresa José Américo Spinola, por una conferencia desarrollada en Brasil. "Se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento", indica el cuerpo acusatorio.

Las sospechas de corrupción sobre la figura de García tomaron peso cuando el ejecutivo de la constructora brasileña Carlos Nostre declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los cuales 14 estaban dirigidos a altos funcionarios de tres períodos distintos de Gobiernos peruanos.

Además de García, aparecen involucrados los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (20016-2018) y la diputada Keiko Fujimori, quien actualmente permanece en prisión preventiva.

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