JEP Colombia imputa a 22 militares por 300 falsos positivos
Además, hay tres civiles involucrados en el crimen de 303 personas indefensas, que luego presentaron como guerrilleros muertos en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este lunes que imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles durante el conflicto armado y posteriormente presentarlos como falsos positivos.
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En un comunicado, la JEP señaló que los crímenes se cometieron entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare (este) y en municipios de los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca.
Las víctimas eran civiles indefensos que luego fueron presentados como bajas en combate. En su mayoría fueron hombres entre 18 y 25 años, pero los militares le quitaron la vida a menores de edad, a nueve mujeres (una de ellas en estado de gestación) e incluso un joven con orientación sexual diversa.
��En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar 303 asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate (conocidas como 'falsos positivos') en Casanare entre 2005 y 2008.
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En total, estos crímenes representaron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad castrense durante el periodo.
La Justicia Transicional denunció que dentro de esa unidad militar se creó una estructura criminal que naturalizó esa práctica violenta para acceder a ascensos, premios en metálico, descansos y otras prebendas.
Manifestó que los encartados se valían del engaño para atraer a las víctimas. Una vez ultimados, les colocaban armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes, y recreaban escenarios de combate ficticios para hacer verosímil su versión de los hechos.
Sobre la responsabilidad del mayor general (r) Torres Escalante, el magistrado Parra aclaró que la sala estableció diferentes acciones a través de las cuales el excomandante tuvo un rol que permitió que miembros de la Brigada XVI presentaran esas falsas bajas en combate. pic.twitter.com/WZOhQ3xiBX
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Según la denuncia, los uniformados utilizaron presuntamente más de 140 millones de pesos (31.000 dólares aproximadamente) provenientes de recursos públicos para realizar estas operaciones.
Los militares imputados son el mayor general Henry Torres Escalante, quien comandó la referida brigada en momentos en que reportaron más hechos de esta naturaleza; así como otro grupo en el cual se incluyen dos coroneles, tres tenientes coroneles, un mayor y otros oficiales, además de seis suboficiales.
- 106 versiones de comparecientes.
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- Observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones.
- Inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes de la jurisdicción ordinaria. pic.twitter.com/e5PPiWpIBP
La JEP pudo establecer que, además de los asesinatos, los militares utilizaron a tres niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y que la persona con orientación sexual fue víctima de un crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Se considera que estas 22 personas tuvieron un rol esencial y determinante en los hechos, por los cual se les atribuyen los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzada.
Los imputados, además, tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazarla. Igualmente, pueden reaccionar, aportando evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el ministerio público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
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De acuerdo con la JEP, luego de ser notificados aquellos disponen de 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad. También pueden rechazarlos o aportar argumentos o evidencia adicional.
Finalizado ese término de tiempo, la JEP decidirá si programa una audiencia pública de reconocimiento.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Los militares podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión si finalmente resultan vencidos en juicio.