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Los implicados fueron acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los delitos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre otros.

Los implicados fueron acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los delitos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre otros. | Foto: @JEP_Colombia

Publicado 18 julio 2022



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La JEP imputó a 15 miembros del Batallón de Artillería número 2 de La Popa, jurisdicción del Ejército Nacional, pero tres no reconocieron su participación en los actos.

Al menos 12 militares retirados de Colombia reconocieron este lunes, en audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), haber asesinado a 127 personas en el norte del departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, con el fin de presentarlas como los llamados falsos positivos.

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Los implicados fueron acusados por la JEP por incurrir en los delitos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras causas.

Este organismo imputó a 15 miembros del Batallón de Artillería número 2 de La Popa, jurisdicción del Ejército Nacional, como responsables supremos de los asesinatos, pero tres de ellos no reconocieron su participación en los actos.

En el caso de estos tres últimos participantes, se enfrentarán a otro proceso y podrían culminar con penas de hasta 20 años de prisión.  

En el caso de los otros 12 imputados restantes, entregaron un escrito ante la Magistratura y desde este lunes se encuentran frente a una audiencia pública en la ciudad de Valledupar, Cesar.

Estas ejecuciones extrajudiciales están enmarcados en el Macrocaso 03, sobre el título Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado manejado por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Este proceso tiene como propósito llegar a esclarecer los hechos en torno al asesinato de más de 6400 personas en la modalidad de lo que se denomina falsos positivos.

Según un informe de la JEP, los miembros del batallón en cuestión eran parte de las filas de una organización criminal e ilegal que operó entre 2002 y 2005 dentro de este órgano militar con el fin de presentar

Asimismo, la Jurisdicción Especial reconoció que hubo un ataque generalizado y sistemático contra personas indefensas que fueron engañadas.

Además, luego de una revisión minuciosa de archivos de la justicia penal ordinaria, documentos militares, informes, y otros textos, la JEP determinó que las investigaciones correspondientes nunca se llevaron a cabo y estas bajas realizadas por los uniformados fueron tomadas como indicadores para hablar de un supuesto éxito militar.

El jurado dictaminó que los asesinatos fueron parte de un plan criminal articulado, con los roles bien establecidos, los cuales perseguían sostener el control territorial y mostrar avances estatales en la lucha contra grupos armados y delincuenciales.


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