Un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señaló que el Gobierno de Sebastián Piñera estaría obstaculizando el acceso a las mujeres al aborto terapéutico, luego de que hace un año se aprobó esta ley en Chile.

El texto, elaborado por el organismo -que representa a 184 organizaciones civiles y a la Organizción No Gubernamental (ONG) chilena Observatorio Ciudadano-, califica como un avance la norma que legalizó, en 2017, la interrupción del embarazo en casos puntuales; sin embargo, denuncia serios problemas en su implementación.

"Las autoridades del (Gobierno del) presidente Piñera intentan, desde su entrada en funciones, el 11 de marzo de 2018, introducir nuevos obstáculos en el acceso al aborto de las mujeres que ya deberían poder optar por un aborto legal y seguro”, advierte el informe.

Il y a 1 an, le #Chili est sorti de la liste des 7 pays de la honte en adoptant une loi dépénalisant partiellement l’avortement. En pratique, les obstacles qui entravent l'accès aux services d'avortement pour celles qui y ont droit sont nombreux. Rapport: https://t.co/zOtueBPEGl pic.twitter.com/1o7zWzciwf

— FIDH (@fidh_fr) 20 de agosto de 2018

Además, destaca que la observación se centra en el protocolo que facilita la posibilidad de que instituciones y trabajadores de la salud invoquen a la "objeción de conciencia" para negarse a participar en una interrupción del embarazo, aún siendo legal, aludiendo a creencias o reglas morales.

El texto agrega que desde que Piñera asumió el poder, redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos, y permitió apelar a la "objeción de conciencia" a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado.

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Entre tanto, la vicepresidenta de la FIDH, Elsie Monge, expresó que "las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley, que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas".

La objeción de conciencia, de acuerdo a la FIDH, pone en riesgo la implementación de la ley en ciudades con escasos recursos de salud, donde la negativa de una institución o un obstetra limitan las opciones de las mujeres de poder realizar el procediemiento en otro lugar.

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Este martes, un grupo de parlamentarias de oposición presentarán en el Congreso el proyecto de aborto libre, que busca despenalizar la interrupción del embarazo, bajo cualquier causal, dentro de las primeras 14 semanas de gestación.