Exigen en Colombia investigar falsos positivos entre indígenas
Líderes indígenas sostienen que se cometieron 50 ejecuciones extrajudiciales contra sus pueblos y no las tres que reconoce la Jurisdicción Especial para la Paz.
Representantes de comunidades indígenas del Caribe colombiano denunciaron este lunes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que entre 2002 y 2005 batallones del Ejército Nacional perpetraron en sus territorios 50 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, conocidos como falsos positivos.
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Durante una audiencia de la JEP sobre falsos positivos en la costa Caribe, realizada en la ciudad de Valledupar, departamento del César (norte), el comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena, aseguró que el batallón La Popa y otros dos, cuyo teatro de operaciones se situaba en César y la Guajira, cometieron esa cifra de ejecuciones extrajudiciales contra su pueblo y no únicamente las tres que reconoce la JEP.
A partir de ese registro, exigió que se avance en las investigaciones de los casos restantes hasta que se sepa la verdad de lo ocurrido.
En su intervención, Pedro Loperena, autoridad delegada del pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, destacó que este tipo de espacios "no hubiesen sido posibles sin el Acuerdo de Paz y si el pueblo no hubiese superado el miedo de reclamar sus derechos", aseguró. pic.twitter.com/EQl3ShD4qT
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 18, 2022
Loperena agradeció a la JEP que recuperara casos que llevaban años escondidos en la Fiscalía y que habían sido engavetados por la Justicia militar.
Por su parte, el cabildo gobernador del pueblo kankuamo, Jaime Luis Arias, subrayó que su territorio ha sido objetivo de violencias sistemáticas cometidas por los actores del conflicto armado o en nombre de intereses económicos y políticos.
Añadió que esas violencias colocaron a su comunidad al borde del exterminio físico y cultural, y remarcó que todo ello ocurrió ante la inacción del Estado colombiano, al que acusó de actuar contra el pueblo.
En el primer patrón se configuró el asesinato de personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin que mediara combate alguno y sin verificar esos señalamientos. Estas acciones se dieron en el marco de una alianza con los paramilitares⬇️ pic.twitter.com/RwXDQXKH1B
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La audiencia en Valledupar fue convocada para que 12 militares y un civil que formaron parte del referido batallón entre 2002 y 2005 reconozcan públicamente su implicación y responsabilidad en la comisión de 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
Se espera que estos reconozcan su participación en los hechos y ofrezcan verdad a las víctimas presentes en la audiencia.
Por su parte, los 3 imputados adicionales en este caso que no aceptaron su responsabilidad son: el coronel (r) Publio Hernán Mejía y los tenientes coroneles (r) Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz, cuyos casos se enviaron a la @UIA_JEP para dar trámite al proceso adversarial.
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También fueron imputados en este caso los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del batallón La Popa entre 2002 y 2004, y 2004 y 2005, respectivamente.
Dichos oficiales no aceptaron los cargos de responsabilidad e implicación en estos crímenes de lesa humanidad, por lo cual podrían enfrentar un proceso adversarial ante la JEP y penas de cárcel por 20 años.