El Gobierno Federal de Etiopía y los rebeldes del Frente Popular de Liberación del Tigray (FPLT) acordaron el sábado formar un comité nacional para aplicar un programa global de desarme, desmovilización y reintegración social.

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Tras una reunión de cinco días celebrada en Nairobi, capital de Kenia, ambas partes suscribieron  ofrecer facilidades inmediatas para el acceso humanitario a todos los que necesiten ayuda en Tigray.

En este sentido, los trabajadores de las organizaciones de ayuda no tendrán trabas para ejercer su trabajo en la región, y se les garantizará protección, en consonancia con las disposiciones del acuerdo.

Según declaró en conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Nacional (FDN), Berhanu Jula, las partes se comprometieron a aplicar el acuerdo de paz suscrito el pasado 2 de noviembre en Pretoria, Sudáfrica.

Por su parte, el teniente general Tadesse Worede aseguró que el compromiso contraído constituye una esperanza para poner fin al sufrimiento del pueblo del Tigray, tras dos años de conflicto armado.

“Es una tarea muy ardua a la luz de los principales saboteadores de la región o de fuera que se están aprovechando de esta guerra”, subrayó.

Medios locales destacan que la cuestión de la retirada de las fuerzas extranjeras, en referencia a la participación de Eritrea, no se abordó ni en los discursos de los altos mandos ni en el texto del acuerdo.

El conflicto estalló en noviembre de 2020, tras un ataque contra una base militar federal que dio lugar a tensiones políticas, por lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT, entonces partido gobernante en la región del Tigray.

Organismos internacionales alertan que desde entonces han fallecido miles de personas y casi dos millones han sido desplazados a causa de las hostilidades en la región.