Demandan políticas responsables para combatir el crimen en El Salvador
El presidente salvadoreño amenazó con no dar comida a los presos y modificó el Código Penal con más medidas antimaras.
En medio del Estado de Excepción que rige en El Salvador, organizaciones de defensa de derechos humanos de ese país centroamericano demandaron al presidente Nayib Bukele, medidas y políticas estatales responsables, transparentes e integrales, con el propósito de combatir la violencia.
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El exhorto se produce justo cuando la Asamblea Legislativa modificaba, nuevamente en los últimos días, el Código Penal para restringir presuntos mensajes a favor de las pandillas conocidas como "maras", que contó con el rechazo del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Organizaciones como Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cristosal y AZO al valorar la aprobación del Régimen de Excepción, decretado el 27 de marzo por la Asamblea Legislativa, sin dispensa de trámite, al no someterse al pleno para su análisis, discusión y posterior aprobación, sería inconstitucional ante la falta de debate.
#InvestigaciónenDDHH | Estos son los datos que se han recibido del 27 de marzo al 4 de abril, sobre víctimas de abuso de autoridad en el marco del régimen de excepción ���� pic.twitter.com/uEYd4vgEba
— Cristosal (@Cristosal) April 5, 2022
En ese sentido también criticaron otra medida adoptada por el Legislativo, que consiste en un decreto de reformas a varias normas en materia penal y procesal penal, que afectan las garantías judiciales mínimas, ante lo cual, hicieron un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada a realizar un papel como garantes y protectores de la población más vulnerable, y que su respuesta no sea desproporcionada.
Tales posicionamientos llegaron a propósito de recientes acciones de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, la cual aprobó reformas al Código Penal donde se prohíbe a los medios de comunicación la producción y transmisión a la población de mensajes originados o presuntamente vinculados por los grupos ilícitos que puedan encauzar lo que llamaron "zozobra y pánico en la población".
La reforma al Código Penal es para incorporar artículo 345-C, que permite penalizar con 10 a 15 años de prisión a quien elabore o facilitare textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública «que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales "que hagan alusión a maras o pandillas".
#Comunicado | Organizaciones de Sociedad Civil señalaron, en conferencia de prensa, que la violencia en el país tiene distintas causas estructurales y que es ejercida por múltiples actores, pero esta debe ser abordada de manera responsable por parte del Estado. �� pic.twitter.com/gK35TYEDw3
— Cristosal (@Cristosal) April 5, 2022
El segundo párrafo del mismo artículo dice igual sanción de cárcel, para quienes por medio del uso de tecnologías de la comunicación, reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas.
También, el Gobierno solicitó que, con dispensa de trámite, la Asamblea aprobase una reforma a la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Con esto de declaran ilegales textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a agrupaciones ilícitas.
La APES lo catalogó esta nueva reforma como un intento de censura a los medios de comunicación, debido a que prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas en comunidades controladas por pandillas, no surgirá ningún tipo de efecto, solo «creará un espejismo que no es fiel a la verdad, argumentaron.
��#Comunicado Desde APES expresamos nuestra preocupación por reformas mordaza �� @PDDHElSalvador @PVacaV @RELE_CIDH @RSF_esp @FIP_AL @VDSorg @Cristosal @FESPAD_sv @idhuca pic.twitter.com/A36nBv4hdV
— APES (@apeselsalvador) April 6, 2022
Las reformas al Código Penal surgen bajo un contexto de Régimen de Excepción aprobado por el Congreso de forma exprés, con el cual se pretende defender a la población en una “guerra contra las pandillas” en la cual el presidente Nayib Bukele llegó a amenazar, la noche del lunes, con dejar "sin un solo tiempo de comida" a los pandilleros presos.