La Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) de Colombia informó este lunes en su cuenta oficial de la red social Twitter las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, en las que confirmó el hallazgo de 11 cuerpos como saldo de cuatro hechos violentos ocurridos el fin de semana en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 

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 "Lo ocurrido el fin de semana en Tumaco, Nariño, corresponde a cuatro hechos diferentes de homicidios que presuntamente están relacionados con el intento de control territorial de Grupos Armados Organizados ‘Contadores’ y ‘Oliver Sinisterra’”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa efectuada tras una reunión, en la que se analizó la masacre del domingo 21 de febrero. 

El Ministerio de Defensa, el Alto Mando de las Fuerzas Militares y las autoridades departamentales en Tumaco, realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad a causa de la masacre del domingo, como resultado de un enfrentamiento entre grupos violentos por el dominio de rutas del narcotráfico. 

“El pasado sábado se hallaron dos cuerpos sin vida en el corregimiento de Caunapi, este hecho ya tiene noticia criminal. Así mismo, se halló un cuerpo sin vida en la vereda Villarica (...) El domingo 21 de febrero fueron hallados tres cuerpos en el corregimiento de Llorente, mientras que en la vereda Puerto Rico se encuentran cinco cuerpos sin vida, los cuales no pudieron ejecutársele los actos urgentes por parte de las autoridades”, explicó el ministro al relatar los hechos. 

Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Francisco Cerón, rechazó "de forma contundente los hechos" y los atribuyó a "la disputa de los territorios y las rentas que producen las economías ilícitas". Además, afirmó que se están realizando las acciones competentes. 

También, organizaciones sociales y de derechos humanos han condenada la masacre y exigen acción inmediata de las autoridades. La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) emitió un comunicado, donde ofreció detalles de los sucesos y aseveró que el Ejército fue alertado de la situación con tiempo y demoró más de tres horas en llegar al lugar.

Asimismo, denunció el abandono del Estado colombiano y piden a los cuerpos de seguridad, a las instituciones locales, regionales y nacionales y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos "que se garantice la protección de la comunidad del territorio".

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) advirtió que la tendencia a la agudización de la violencia en Colombia en el comienzo de este 2021 hacen que sea el arranque de año más violento desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,  en noviembre de 2016.