Organización campesina colombiana rechaza nuevas fumigaciones
El uso del glifosato ha generado debate en el país ya que la Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Colombia suspender la fumigación hasta que se tengan estudios ambientales y de salud.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) rechazó la realización de las audiencias virtuales informativas que se llevarán a cabo este fin de semana en la ciudad de Cúcuta, en el sureste de Colombia, sobre restablecer las fumigaciones en pleno desacato a la autoridad judicial.
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En un comunicado, la Ascamcat indicó que la convocatoria de las audiencias y la próxima audiencia ambiental para el 1 de septiembre son acto de desacato del Gobierno del presidente Iván Duque a las órdenes judiciales impartidas.
La Ascamcat es una de las organizaciones de la acción de tutela que salio favorables en primera y segunda instancia por el tribunal administrativo El Pasto, Nariño con relación a la suspensión de las audiencias virtuales convocadas por la ANLA y la policía colombiana con el objetivo de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato.
Ante la medida judicial que ordenó @ANLA_Col @PoliciaColombia la suspencion y garantizar la participación de las comunidades a las audiencias públicas ambientales para licencia de fumigación con Glifosato, el #GobiernoNacional desacata y pasa por encima de la orden judicial pic.twitter.com/FxmZ2qIWAo
— AscamcatOficial (@AscamcatOficia) August 15, 2020
En julio pasado, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levantó la suspensión de la celebración de una audiencia pública virtual, lo cual renovó la iniciativa del Gobierno para combatir los cultivos de uso ilícito con glifosato.
La Ascamcat indicó que la realización de las audiencias virtuales no garantizan ni siquiera de manera mínima la participación integral de las comunidades rurales.
Las comunidades afectadas por la erradicación forzosa pertenecen a 104 municipios, de 14 departamentos, en donde se realizarían las fumigaciones.
La organización regional expresó su preocupación ante los efectos adversos que genere la audiencia y la posible vulneración del derecho de consulta previa del pueblo en Catatumbo, una región colombiana ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander.
"Hacemos un llamado al gobernador, a los alcaldes del Catatumbo, Cúcuta y el Zulia ( municipio colombiano ubicado en la región oriental del departamento de Norte de Santander), a las personerías municipales y los defensores regionales, al procurador regional en su calidad de autoridades convocadas a la audiencia del 1 de septiembre a garantizar el cumplimiento de los derechos tutelados de las comunidades", indicó la organización.
La decisión de ANLA de julio pasado tomó por sorpresa a los diferentes sectores sociales y ambientales que se oponen a que se reanuden las aspersiones con este herbicida.
Un anterior fallo de la segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño el pasado 10 de julio, indicó que el proceso se detuviera, por lo menos, hasta el término de la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, apegado a la posibilidad que dejó abierta la sentencia del tribunal de poder realizar la audiencia pública si se brindaban las garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general conforme a lo establecido en la ley, el Gobierno decidió actuar.
La Policía Nacional está encargada de modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).
Esta institución le informó a la ANLA que contaba con todas las condiciones requeridas, tanto en el fallo como por la ley, para garantizar la participación ciudadana y le solicitó a esa entidad adelantar este trámite
Las audiencias son necesarias para continuar con las fumigaciones ya que se toman en cuenta las opiniones de las comunidades, a la vez que se les informa sobre las características que tiene la aspersión del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos.