Tras el anunciado regreso a la lucha armada de un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en Colombia se realizan balances sobre la implementación de los Acuerdos de Paz.

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Cierto es que son menos los muertos y desaparecidos, los mutilados, los secuestrados, por lo que en la práctica es innegable que tras la firma de los acuerdos hubo un descenso en los niveles generales de violencia en el país suramericano.

No será fácil para los colombianos olvidar 53 años de enfrentamientos que han dejado el saldo de 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos en choques entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes.

Antes de la firma de los acuerdos, las FARC-EP operaban en 242 de los 1.122 municipios, lo que explica el 21 por ciento del territorio colombiano. Este año se concentraron en 26 zonas para desarmarse, es decir que desocuparon militarmente el 90 por ciento del espacio que copaban.

Colombia es el segundo país, detrás de Afganistán, con más afectados por minas antipersonales. En 2012 hubo 770 víctimas, y este año los mutilados o heridos son 58, un 92 por ciento menos.

Al comienzo de los diálogos de paz, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000 muertos al año entre civiles y combatientes. En 2002 las víctimas directas por el conflicto fueron 19.640. En 2017 esa cifra fue de 78, según la entidad Unidad para las Víctimas (UV).

Sin embargo, la ONG International Crisis Group, experta en el conflicto, calcula que unos 1.000 hombres y mujeres siguen combatiendo, lo que equivale a un 9 por ciento de la exguerrilla.