El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentó un informe en el que evaluó el cumplimiento de los acuerdos de Paz en Colombia, en un escenario marcado por la reciente orden de captura contra el líder de las extintas FARC-EP Jesús Santrich, y las crecientes preocupaciones de los colombianos y la comunidad internacional por las muertes y desapariciones de líderes sociales en la nación suramericana.

Los resultados del documento de la Misión de Verificación, presentados en la sede de la ONU en Nueva York, están basados en el informe del secretario general António Guterres, durante su reciente visita a Colombia, junto a los 15 miembros de Consejo de Seguridad.

El documento, revelado en el país suramericano por la Misión de Verificación de la ONU, señala que el proceso de paz en Colombia se encuentra en una situación crítica. El texto pone especial hincapié en la dilación que ha existido en torno a la promulgación de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), firmado en junio de 2019 por el presidente colombiano Iván Duque.

Aunque la JEP es el pilar central del Acuerdo de Paz y el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, Guterres sostiene que entre los grandes problemas que se presentan en Colombia y que afectan la consolidación de la paz están los asesinatos de líderes sociales y exinsurgentes.

De igual manera, la incertidumbre física, jurídica y económica de los excombatientes y el clamor de las comunidades por una presencia tangible del Estado en forma de seguridad, servicios básicos, tierras y alternativas viables a las economías ilegales.

Cifras de la ONU muestran que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la misión verificó la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Asimismo, se produjeron 14 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP.

Al referirse a esta situación, el excomandante Rodrigo Londoño expresó: “Esos cuerpos inermes de combatientes que creyeron en esto, vinieron convencidos de que lo que hacían es acertado y los han asesinado, a uno lo queda muy difícil encontrar una explicación”.

De igual forma, más de 260 académicos de 13 países, en una carta enviada al presidente colombiano dada a conocer por la revista local Semana han expresado fuerte preocupación por lo que catalogaron como una “escalada de odio y violencia que rompe la poca paz alcanzada”. Los firmantes se declararon indignados y reclamaron acciones de fondo frente a lo que calificaron de “continuo y sistemático derramamiento de sangre”.

La preocupación de movimientos sociales de todo el mundo han reaccionado también ante la realidad colombiana. Alrededor de 500 jóvenes de diferentes países se movilizan desde este viernes por la paz en Colombia, a casi tres años de la firma de los acuerdos entre la exguerrilla FARC-EP y el Estado.

Jhonny Marín, coordinador para América Latina y el Caribe de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, señaló a medios internacionales que esa movilización hacia la región del Catatumbo tiene como objetivos insistir al Gobierno nacional en el proceso de implementación de los acuerdos de paz y de las garantías para el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación allí ubicado.

Lo más importante con este tipo de iniciativas juveniles, “que sobre todo nace de las organizaciones y el sentido por promoción de la paz, es precisamente rodear estos diferentes procesos sociales y hacer sentir a las comunidades, frente a la no actuación del Estado, que no están solos”, manifestó Marín.

En este contexto, Carlos Medina Gallegos, analista internacional y profesor universitario colombiano, aseguró en entrevista a teleSUR que el presidente Duque con su partido, el Centro Democrático, se han opuesto han torpedeado la implementación del acuerdo en aspectos que son fundamentales para garantizar el no retorno a la guerra y disminución de los sitios de violencia por los que ha atravesado el país.

“Existe un plan de aniquilamiento contra los miembros de las FARC en los distintos territorios, lo que genera en la población reincorporada una situación de angustia e incertidumbre”, sostiene.

Gallegos considera que no debe sorprender que los asesinatos sistemáticos contra los excombatientes llamen la atención de la comunidad internacional y es preciso que esta mande un claro mensaje al gobierno colombiano para que dé pasos serios y reales por la paz.

Ahora, el insurgente y prófugo de la Justicia Iván Márquez informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".