La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó este jueves el informe final de la Comisión Especial Mixta que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros hechos, ocurridos durante octubre del 2019, bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

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El documento recomienda un juicio de responsabilidades por genocidio contra Áñez y procesos penales contra 11 ministros y exministros de facto, "por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019", según consta en un comunicado de la ALP.

"La comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto", señaló la presidenta de la ALP, Eva Copa.

"El informe de la comisión recomienda un juicio de responsabilidades a Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas", agrega el texto divulgado por la ALP.

La investigación contiene las declaraciones de las decenas familiares de víctimas fatales y heridos que asistieron a la comisión investigadora, así como testimonios de personas entrevistadas en las inspecciones a los lugares de los hechos y otras pericias realizadas.

Al indagar en los casos de Senkata, Sacaba, Yapacaní y otros, la Comisión investigadora determinó que en el caso del puente Huayllani,  “hubo un uso indiscriminado de armamento letal, tanques, vehículos; el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha determinado las causas de la muerte de 26 personas (contando en otros conflictos) fueron por impacto de bala”.

Por último, el documento recomienda realizar "un juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares".

Asimismo, solicitan juicio ordinario contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Williams Kaliman, "por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y comandante de las FF.AA., Sergio Orellana".

A su vez, recomienda "la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia respecto a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva y domiciliaria".