En los últimos dos años, las medidas arbitrarias de agresión por parte de EE.UU. hacia Venezuela abarcan también a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de producción, organización y distribución de alimentos en todo el territorio venezolano, creado en 2016 como respuesta a los ataques a la economía y la especulación que afectaba la nación suramericana.

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Desde 2018 han sido asediados contenedores de los CLAP con destino a Venezuela en puertos y aduanas de distintos países. Además de ser retenidos, se ha generado una matriz de opinión negativa sobre estos productos, alegando supuestos sobreprecios, alimentos vencidos y cualquier otra excusa para evitar que los alimentos llegaran a los venezolanos.

Tanto a nivel interno como externo, se han utilizado diferentes herramientas para debilitar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de esta vía.

Desprestigio desde Colombia y México

En 2017, tras ser electa e instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se alcanzó el mayor nivel de distribución de alimentos por parte de los CLAP en Venezuela, al llegar a 10.820.713 familias venezolanas. 

Sin embargo, poco después se intensificó la guerra de desinformación contra esta iniciativa clave para el pueblo venezolano, organizado por sectores que respaldan intereses imperiales (la derecha nacional e internacional) para generar las condiciones que justificaran una intervención.

En mayo de 2018, el Gobierno de Colombia bloqueó la entrada de 15 contenedores con 25.210 combos CLAP a Venezuela, en un operativo realizado en Cartagena por la Policía Fiscal y Aduanera colombiana y que fue anunciado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 

Con estas acciones, Santos vinculaba la adquisición internacional de alimentos por parte de Venezuela con supuestos delitos de lavado de dinero y actividades ilícitas e impulsó una supuesta trama de corrupción en el marco del complot mediático contra el Gobierno de Nicolás Maduro creada con base en acusaciones sin pruebas y sanciones a figuras políticas.

A su vez, el Gobierno mexicano que dirigía el expresidente Enrique Peña Nieto informó que inició una investigación por operaciones inusuales en contra de personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y que han obtenido recursos públicos venezolanos.

Supuestamente, fueron localizados 1.300.000 combos en 1.300 contenedores de alimentos en México con destino a Venezuela aludiendo a la supuesta existencia de operadores que acudían a diversos países para contactar con otras empresas y obtenerlos.

Sabotaje

Como medidas desesperadas, el pasado 27 de febrero un almacén situado en el Puerto de La Guaira, lugar donde se ensamblan las cajas de los combos de alimentos, fue incendiado en la madrugada. 

Según el jefe de la Guardia del Puesto de Comando Presidencial y entonces ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, "este es un acto terrorista contra el pueblo venezolano. Un acto de sabotaje contra una institución del Estado. La frustración y fracaso de la oposición los ha hecho cometer actos miserables como este, que sí es un delito de Lesa Humanidad".

Motta indicó que las pérdidas fueron cuantiosas, tanto en alimentos como en material de empaque, al tiempo que hubo pérdidas en equipos de montacargas, estantes e infraestructura.

Sanciones

El pasado 19 de mayo, desde la administración de los CLAP se decía que la administración Trump "sancionó a 10 de las 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela, lo que ocasiona retraso en la llegada de los rubros al país, es decir, lo que llegaba en un mes, ahora tarda tres meses".

Además de las acciones coercitivas sobre las empresas de transporte marítimo, los pagos directos por transferencias bancarias en dólares que realiza el Estado suelen ser rechazados y deben cancelarse a través de terceros, pago que antes "se ejecutaba en 20 días, ahora dura 45, 60 días".

En la misma semana la agencia Reuters reseñaba que EE.UU. prepara "sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro", atribuyendo la información a "fuentes familiarizadas con el asunto".

Los efectos reales de estas acciones ya se han evidenciado, ya que las sanciones ralentizarán mucho más el proceso de adquisición de los alimentos y buscarán profundizar el caos y la crisis que imponen las élites corporativas y sus operadores contra la población venezolana.