ALBA-TCP condena pedido de EE.UU. de incautar avión venezolano
La Alianza considera la orden de la Corte estadounidense como “ilegítima e “ilegal” y al mismo tiempo, rechaza las medidas coercitivas y unilaterales impuestas a Venezuela.
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenaron este lunes la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) de confiscar una aeronave Boing-747, propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa.
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“La ilegítima e ilegal orden de incautación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia es consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y violan los derechos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional”, sostiene el comunicado de la ALBA-TCP.
El organismo de integración manifestó su rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por la Casa Blanca contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela, al mismo tiempo, solicitó a la comunidad internacional exigir el cese inmediato de las sanciones contra la nación suramericana.
Los Estados miembros del @ALBATCP expresan su profunda condena a la ilegal solicitud del Departamento de Justicia de los EEUU, realizada el 02 de agosto de 2022, de incautar un avión Boeing 747, propiedad de la venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur. pic.twitter.com/MdqNOboQDk
— Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) August 8, 2022
Desde el pasado mes de junio, el avión se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tras recibir la negativa del Gobierno uruguayo para realizar una escala técnica de abastecimiento mientras cubría el itinerario Argentina-Montevideo-Caracas.
La tripulación se vio obligada a retornar a la terminal aérea desde donde había salido tiempo antes, con sólo 17.000 litros de combustible, muy por debajo del reglamentado por Emtrasur de 20.000, poniendo en peligro la vida de los tripulantes.
En el mes de julio, una corte del distrito estadounidense de Columbia emitió una orden de incautación de la aeronave, acción que Venezuela considera inaceptable y ha repudiado en diversos foros.