ACNUDH condena aumento de “horrenda violencia” en Colombia
Bachelet pidió a las autoridades hacer investigaciones rápidas y transparentes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, condenó el martes el incremento de la "horrenda violencia" ejercida por parte de grupos armados en Colombia y llamó a las autoridades del país suramericano a tomar medidas concretas para proteger a la población.
LEA TAMBIÉN:
La funcionaria recordó que es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales y "medidas más sólidas" para garantizar los derechos de todos sus ciudadanos, incluidos poblaciones indígenas y defensores de derechos humanos.
Estadísticas de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia indican que en lo que va de 2020 han ocurrido 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país.
Además, esa oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.
���� #Colombia: UN Human Rights Chief @mbachelet condemns heightened violence in remote areas and calls on State authorities to take concrete actions to effectively protect the population. Learn more: https://t.co/ZZvqfpdwbm pic.twitter.com/DnPDmFP9l0
— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 15, 2020
No obstante, organismos colombianos, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dan cuenta de 85 masacres, con 285 personas ultimadas, en lo que va del año. Asimismo, más de 240 excombatientes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz de 2016.
"Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos", subrayó la Alta Comisionada en un comunicado.
Resaltó la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal y como se solicitó específicamente en el Acuerdo de Paz de 2016.
Bachelet también pidió a las autoridades que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación.