El español Luis Suárez-Carreño, perjudicado por la dictadura franquista, presentó este miércoles en la ciudad de Madrid, España, la primera demanda individual por tortura contra tres efectivos de la Policía del régimen de Franco, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal.  

Suárez acusó a los policías de torturarlo durante los interrogatorios en 1973 por formar parte de un partido opuesto al régimen, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

Asimismo, denuncia la detención y tortura de la que fue víctima en 1970, pese a no saber quienes estuvieron detrás de este primer percance.

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A partir de este miércoles se abre un plazo de tres días para que la demanda sea trasladada al juzgado pertinente y se decida si será admitida o no.

Para presentar la demanda Suárez-Carreño contó con el apoyo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), causa que instruye la jueza argentina María Servini, presentada en el país latinoamericano por víctimas de la guerra civil y la dictadura, por delitos de "lesa humanidad".

En el año 2010 Servini aceptó el caso apoyándose en la aplicación de justicia universal. En aquel momento, más de cien organizaciones presentaron la conocida "querella argentina", única causa abierta en el mundo contra víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (19396-1975), debido a que en España no se aceptó porque los jueces consideraron que eran delitos prescritos por la amnistía de 1977. Sin embargo, según el Derecho Internacional y el Código Penal español los delitos de tortura son crímenes contra la humanidad y no prescriben.

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Para evitar que la demanda sea rechazada, los abogados de Suárez-Carreño incluyeron un informe pericial con conclusiones "irrefutables", como una forma de dar al juez "elementos valiosos y contundentes" que le permitan continuar.

Los abogados de Suárez- Carreño consideran que es "incuestionable" el deber que tiene España de investigar y poner fin a la "impunidad mantenida por el Estado desde hace décadas".