El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek Williams Saab, explicó que la resolución 8610 de la Gaceta Oficial N° 40.589, establece la finalidad de la actuación del funcionario en la protección de los derechos humanos y garantías en manifestaciones y es clara cuando señala que los funcionarios "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas".

Saab respondió de esta manera a las críticas que surgieron tras la aprobación de tal resolución emitida por el Ministerio de Defensa, que norma la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control del orden público, es muy clara sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y establece la que finalidad de la actuación del funcionario es “proteger los derechos humanos y garantías en manifestaciones”.

1)Res 008610 dice en art 15.9 lo sig: "NO PORTARAN NI USARAN ARMAS DE FUEGO EN EL CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES PACIFICAS"

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) enero 29, 2015

Las declaraciones fueron emitidas en respuesta a las afirmaciones esgrimidas por varios dirigentes de la oposición venezolana y difundida por medios de comunicación de una supuesta resolución que aprueba la pena de muerte y el uso de armas en manifestaciones.

El defensor del pueblo dejó en claro que la resolución 8610 describe en su artículo 23 los criterios para graduar el uso de la fuerza física, como lo son la proporcionalidad, la progresividad y la minimización y es tajante cuando “define la actuación del funcionario ante una situación de “riesgo mortal”, que amenace su vida o la de terceros.

3) Resolución 008610 de MD establece en su art 2.2 que su finalidad es : "proteger los Derechos Humanos y garantías en manifestaciones"

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) enero 29, 2015

Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que se ha querido descontextualizar la verdadera intención de la resolución publicada en Gaceta sobre la actuación de la Fuerza Armada en las manifestaciones y explicó que la resolución es un resultado de la revisión conjunta entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Interior y Justicia, entre otros, sobre la actuación de este cuerpo de defensa de la nación en materia de orden interno y orden público.

Indicó que tras los llamados de la oposición a la desestabilización y acciones terroristas (guarimbas) que en el inicio de 2014 tuvieron saldo de 43 muertos y más de 800 heridos y remontándose al pasado con los acciones del 27 de febrero del 89, "Me dije hay que revisar de una vez por todas y escribir sobre el papel de la Fuerza Armada".