Unasur en la resolución de conflictos
Desde el 27 de mayo de 2008, fecha en que se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el organismo de integración ha desarrollado una política orientada a fortalecer el diálogo político entre los Estados Miembros, y a erigirse como el espacio de concertación para garantizar que América Latina sea un territorio de paz y prosperidad, según rezan sus postulados fundamentales.
En este período Unasur ha participado en calidad de mediador en momentos críticos para la institucionalidad democrática en la región. Algunos ejemplos de este esfuerzo han sido:
Crisis política en Bolivia (Agosto de 2008)
Unasur fue clave para frenar los intentos secesionistas de los prefectos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca) quienes pretendieron dar un golpe de Estado al presidente Morales, apoyados por la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Bolivia.
El organismo, dirigido en ese momento por la presidente de Chile, Michelle Bachelet, ofreció un irrestricto apoyo al gobierno constitucional de Evo Morales, basándose en el reciente apoyo popular al líder indígena, logrado en el referendo popular realizado en julio de 2008.
Los mandatarios latinoamericanos fundamentaron su decisión en los principios políticos del Tratado Constitutivo, negando en reconocimiento a cualquier intento de quiebre constitucional o fractura de la unidad del Estado boliviano, aislando internacionalmente a los prefectos secesionistas, responsables de la muerte de varios de sus connacionales en el evento golpista.
Golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras (Junio de 2009)
Unasur fue un férreo defensor de la democracia y del orden constitucional en Honduras, durante el golpe de Estado dirigido por los sectores militares, con el apoyo de EE.UU., que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Posteriormente, los miembros del bloque, exceptuando Perú y Colombia, se negaron a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo elegido en unas elecciones convocadas por los golpistas. El jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, como presidente pro-tempore de Unasur, fue el encargado de manifestar la molestia de la región por la invitación del gobierno español, anfitrión de la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, al régimen de Honduras. Los mandatarios no estaban dispuestos a asistir a la mencionada Cumbre.
Instalación de bases militares de EE.UU. en Colombia (Agosto de 2009)
En julio de 2009 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la intención de firmar un Acuerdo de Cooperación Técnica con EE.UU., que incluyó utilizar siete bases militares en territorio colombiano, con la posibilidad de acceder a otras instalaciones bajo su control absoluto.
La acción amenaza la seguridad de los países de la región, especialmente de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, cuyos mandatarios expresaron su rechazo. Como afirmara el presidente de Bolivia, evo Morales, “permitir bases norteamericanas en Latinoamérica sería una agresión, no solamente al Gobierno, sino a la democracia”.
En este contexto, Unasur reunida en Bariloche, Argentina, acordó declarar a Suramérica “Zona de Paz” y refrendó la necesidad de la solución pacífica de los conflictos sin la intervención de potencias extranjeras que pudiesen amenazar la estabilidad de la región.
Los mandatarios acordaron convocar el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de Unasur para revisar la estrategia de Estados Unidos en la región. Aunque el bloque no logró frenar el acuerdo, presionó para su revisión y denuncia del carácter anticonstitucional y vejatorio de la soberanía, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional colombiana. Adicionalmente, los pueblos del Sur tomaron mayor conciencia de los peligros que entraña la presencia estadounidense en América Latina.
Ruptura de relaciones entre Colombia-Venezuela (Agosto de 2010)
Tras la infundada acusación del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de la presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano y su financiamiento, además de la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Hugo Chávez, se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.
En esa ocasión a petición de Mercosur, se movilizó el secretario de Unasur, Néstor Kirchner, para mediar en el conflicto y acordar una salida negociada a la crisis.
La acción política del ex presidente argentino Néstor Kirchner, quien conversó con los presidentes Juan Manuel Santos (recién electo para suceder Uribe) y Hugo Chávez, permitió alcanzar una Declaración de Principios que ponía fin al impasse, acordando la reanudación de las relaciones bilaterales con base en el diálogo directo, respetuoso, privilegiando la vía diplomática.
Los jefes de Estado acordaron, además, un mecanismo de cooperación para abordar la problemática fronteriza en aspectos sociales, económicos políticos y de seguridad que permanece vigente.
Intento de Golpe de Estado en Ecuador (Septiembre de 2010)
El triunfo popular de la Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa, la redacción de una nueva Carta Magna, la decisión soberana de no permitir la permanencia de tropas estadounidenses en la Base de Manta, la depuración de los cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, hechos que afectaban intereses de los poderosos en Ecuador fueron motivos suficientes para el intento de golpe de Estado de septiembre de 2010.
Miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, contrarios al proceso de depuración de los cuerpos de seguridad, que había procesado a 691 uniformados, responsables de violaciones de Derechos Humanos al pueblo ecuatoriano, secuestraron al presidente de la República, Rafael Correa, en el Hospital de la Policía de Quito, apoyados por miembros del Partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez quienes pretendían asesinar al líder ecuatoriano.
La respuesta de Unasur, en voz de su secretario general, Néstor Kirchner, no se hizo esperar, condenando el intento de golpe de Estado y el secuestro de Correa e instruyeron a sus cancilleres a viajar a Quito a apoyar al mandatario. De igual manera exigieron esclarecer los hechos, juzgar y condenar a los responsables del intento de ruptura constitucional.
Conscientes de lo sucedido en Honduras, Unasur decidió incluir una cláusula democrática que alertaba a la comunidad internacional que no tolerarían “bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido”, y anticiparon que en caso de nuevos quiebres adoptarán “medidas concretas e inmediatas, tales como el cierre de fronteras, la suspensión del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de energía, servicios y otros suministros”.
El bloque regional se erigía como garante de la democracia ante la inacción de instancias como la OEA controlado por el gobierno de Estados Unidos, principal promotor de las actividades desestabilizadoras en el mundo, en función de sus intereses geoestratégicos.
Derrocamiento del presidente de Paraguay Fernando Lugo (Junio de 2012)
Tras los lamentables sucesos durante la ocupación por parte de campesinos de un predio gubernamental en Curuguaty (este de Paraguay) usurpado por el terrateniente Blas Riquelme, durante el cual resultaron muertos 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves, el presidente Fernando Lugo ordenó la destitución del Ministro del Interior y del Jefe de la Policía. No obstante, la oposición política que controlaba el parlamento decidió, en un ardid constitucional, realizar un juicio político al mandatario electo.
Sin dar tiempo para preparar una defensa, el presidente Lugo fue sometido a un “juicio” que concluyó con su destitución, a pesar de haber sido electo por voluntad popular. Lugo había puesto fin a 61 años de hegemonía del partido Colorado en el poder. Su derrocamiento significaba una vuelta al poder de los sectores conservadores de la sociedad paraguaya.
En respuesta al quiebre institucional, Unasur rechazó el “juicio político”, apoyó al presidente y posteriormente acordó expulsar a Paraguay del bloque integrador, hasta tanto no se restaurase el orden democrático. La medida aisló a Paraguay, país que debió proceder a restablecer el orden democrático para su retorno al bloque.
Intentos de desestabilización y golpe en Venezuela (Abril de 2013- Marzo de 2015)
Tras la desaparición física del Comandante Chávez, en cumplimiento de la Constitución, se convocó a elecciones presidenciales resultando ganador Nicolás Maduro, un hecho que no fue aceptado por la oposición venezolana encabezada por el candidato derrotado Henrique Capriles quien convocó a desatar la rabia con hechos violentos o “guarimbas”.
En respuesta a la violencia desatada por la oposición, que había degenerado en la muerte de venezolanos, el 18 de abril de 2013 Unasur, bajo la presidencia protémpore de Surinam, llamó a una Cumbre presidencial de emergencia para discutir la crisis venezolana.
Como resultado los mandatarios de América Latina reconocieron a Nicolás Maduro como presidente electo, así como la legitimidad del proceso eleccionario. Las excepciones eran Paraguay, cuyo gobierno era heredero de un golpe de Estado, y Estados Unidos, principal financista de la oposición venezolana.
Para desmontar los argumentos opositores el ente electoral venezolano accedió a auditar el 100 por ciento de las urnas electorales, comprobando la pulcritud de los comicios. La presencia de Unasur facilitó el diálogo entre el gobierno y la oposición en diciembre de ese año con la participación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia como garantes.
En esa oportunidad la oposición incumplió los acuerdos alcanzados y en febrero de 2014 activó el plan golpista “La salida” que incluyó acciones violentas que acabaron con la vida de 43 ciudadanos. Una vez derrotado este intento de sacar a Venezuela del hilo democrático y detenido su principal responsable, en febrero de 2015 la oposición recurrió de nuevo al golpe de Estado en lo que se ha conocido como la “Operación Jericó” que pretendía derrocar al presidente Maduro.
El nuevo plan, en el que estarían involucrados funcionarios de la embajada de EE.UU., incluía el bombardeo de la sede del ejecutivo nacional, el Palacio de Miraflores, edificios gubernamentales, así como objetivos civiles como la cadena de noticias teleSUR.
Ante el asedio internacional encabezado por EE.UU., medios de comunicación internacional y sectores de la oposición, y a petición del gobierno venezolano, Unasur se hace presente en Venezuela para fomentar el diálogo y garantizar que Suramérica siga siendo una zona de paz y evitar que se imponga la agenda bélica de quienes están interesados en los recursos naturales de esta región del planeta.
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