El cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, cumplió el 1 de noviembre un mes en medio de incertidumbres por el asesinato del líder indígena Aulio Isarama Forastero.

A pesar de la muerte del dirigente, las conversaciones de paz entre la insurgencia siguen adelante en Quito, Ecuador estudiando y analizando medidas para acelerar los arreglos para acabar con el conflicto armado.

Analistas han señalado de la muerte del líder social, la continuidad de las conversaciones en Quito es una muestra de la disposición de las partes para alcanzar un acuerdo de paz similar al logrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC- EP) y que llevo al fin del conflicto armado.

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En un comunicado del alto Comisionado para la Paz, expresó que ”se tendrá que seguir el procedimiento previsto conforme al cual el Mecanismo de Veeduría y Verificación remite a la Mesa de Conversaciones toda la información objetiva que permita precisar los hechos. La Mesa de Conversaciones adoptará las medidas correctivas para fortalecer los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del cese al fuego”.

En un comunicado del ELN expresó sobre el gobernador indígena Aulio Isarama Forastero en el departamento del Chocó que “lamentamos profundamente el hecho y pedimos perdón por este doloroso caso a sus familiares y allegados”.

El alto al fuego entre la insurgencia y el Gobierno tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las poblaciones, evitar enfrentamientos entre las partes  y superar las acciones ofensivas.

Al momento de suscribirse el cese de hostilidades el Gobierno expusó una serie de condiciones. Algunos de estas son: fin de las operaciones ofensivas entre cuerpos policiales y militares; garantizar el ejercicio de la libertad dentro del país; y asegurar los acuerdos constitucionales de paz.

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A su vez, se recomendó establecer el  Mecanismo de Veeduría y verificación (MV&V), que se encargara de informar y evitar a nivel nacional, regional y local sobre los incumplimientos que se del acuerdo.

Este estará compuesta por la Fuerza Pública, el  ELN, la Iglesia Católica y una misión política con observadores no armados de la ONU.

Los recursos para asegurar del cumplimiento adecuado del alto al fuego, estarían garantizados por el Fondo de programas especiales para la paz, mientras que las autoridades nacionales, departamentales o municipales estarán reguladas por el Alto Comisionado para la Paz.

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El cese del acuerdo  podrá terminarse si se lleva a cabo una acción que grave que determine la mesa, entre tanto, el pacto podrá prorrogarse si los miembros así lo establecen.