La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, aseveró que seguirá denunciando el golpe de Estado y continuará luchando para defender los programas sociales del pueblo brasileño, que el gobierno interino de Michel Temer pretende eliminar.

Denunció que el audio filtrado este lunes evidencia que el juicio político en su contra es una farsa y se fraguó para detener las investigaciones de corrupción en Petrobras, conocida como operación Lava Jato.

Rousseff indicó que en el audio los implicados dicen que el juicio político era la mejor manera de detener la operación Lava Jato. "Ellos que decían que era para agilizarla, pero en realidad tomaban todas la medidas para parar esa investigación".

"Ahora uno de los fraguadores del juicio político confiesa que es un golpista", expresó Rousseff durante un encuentro con movimientos agrícolas.

Destacó una de las frases en el audio filtrado del ministro de Planificación del gobierno interino de Michel Temer: "Hay que detener el gobierno para evitar el desangramiento de la operación Lava Jato".

"Hubo una suspensión de mi cargo por 180 días para un juicio político fraudulento", dijo Rousseff.

Denunció que Michel Temer ha anunciado medidas contrarias al programa aprobado por 54 millones de brasileños. "Es un presidente provisional y no está autorizado por el pueblo para decidir qué programas sociales continúan".

"Él (Temer) no puede seguir por ahí privatizando, nadie le dio el derecho a decir que la economía es neoliberal y conservadora", recalcó la mandataria.

Recordó que en el 2014, los brasileños reeligieron a una mujer "para que desarrollara un programa progresista, no eligieron este gobierno conformado por hombres blancos, ricos y viejos".

Jucá anunció que abandonará temporalmente su cargo tras la filtración de un audio, hasta que la justicia se pronuncie sobre su caso.

Audio revela conspiración contra Rousseff

En un audio filtrado por el diario Folha de S.Paulo, el ministro de Planificación Romero Jucá dice al expresidente de la compañía Transpetro, Sérgio Machado, que un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff sería la mejor forma de obstruir la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

En la conversación, Machado pide a Jucá que monte "algo" para protegerlo y para frenar el avance de la investigación en su contra desde un posible nuevo gobierno.

"Tenemos que resolver (...) Tenemos que cambiar el Gobierno para frenar la sangría", asegura Jucá y añade que las investigaciones sobre la corrupción en el PMDB "no pueden estar en la mano del juez Moro".

En la conversación, que dura poco más de un hora, Jucá habla de construir un pacto nacional desde el nuevo Gobierno con los miembros del Tribunal Supremo Federal de Brasil, pero apunta a las dificultades de convencer al magistrado Teori Zavascki, el encargado de dirigir las investigaciones de la Operación Lava Jato desde la Corte Suprema, entre otros miembros del Tribunal.

Juicio político sin pruebas

El pasado 12 de mayo, el Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.