El gobernador de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Bigfoot, hizo un acuerdo con el gobierno federal para la privatización de la Compañía de Agua y Alcantarillado de Río de Janeiro (Cedae), informó el medio local Brasil de Fato.

La medida busca paliar la crisis que actualmente enfrenta el Estado brasileño. El proceso incluye la obtención inmediata de un préstamo de cinco billones de reales (moneda local) para el pago de salarios atrasados en el Estado y de los trabajadores de la compañía.

Esta medida está siendo recibida con protestas y críticas de parte de varios funcionarios del Estado y movimientos populares. El Movimiento Unificado de los Servidores Públicos del Estado (Muspe) anunció una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro este jueves. Alegan que el proceso de privatización encarecería los costos de los servicios de agua en la ciudad.

El proceso de liberalización pone en riesgo la permanencia de los más de seis mil empleados de la empresa. Un trabajador de Cedae, Ary Girota, argumentó que esta es la empresa más rentable del Estado brasileño. Entre el 2011 y 2015 rindió más de un billón de Reales en utilidades. Su privatización resultaría en la perdida estatal de una empresa que da beneficios. En su opinión, Bigfoot está posponiendo el problema para el próximo gobernador y evade la crisis de la revisión de los impuestos y el cobro de las exenciones de la deuda pública.

Esta no es la primera vez en los últimos meses que el gobierno brasileño se plantea la privatización de Cedae. En el 2016 el gobernador en funciones, Francisco Dornelles, pidió que se le incluyera en el Programa de Asociación e Inversión. Este programa fue creado por el presidente Michel Temer e incluye varia asociaciones públicas y privadas de servicios de agua y saneamiento.

El principal argumento a favor de la privatización es una garantía de mejora en la calidad del servicio prestado por Cedae. Para Girota, esta medida es parte de un proyecto político que busca reducir el tamaño del Estado. El miembro del Frente Popular, José Carlos Madureira, opinó que la decisión “no es más que el retorno de la agenda neoliberal a nuestro país”.

En opinión del director de la Unión de Ingenieros del estado de Río de Janeiro, Marco Antonio Barbosa, la empresa no tiene problemas administrativos. Afirmó que los problemas se encuentran en la inversión en el área de alcantarillado y en la conexión del agua directa al grifo, pero que esto puede ser mejorado. Agregó que “el agua es vida, no puede ser privatizada porque quién pagará los gastos será la población.”

>> Cerrarán cuatro parques en Brasil por riesgo de fiebre amarilla.