Pasos que siguen en el impeachment contra Rousseff
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó su defensa por escrito ante la Comisión Procesal del Senado que lleva el impeachment este miércoles.
Ahora se abre el plazo hasta el 27 de julio para que la defensa presente por escrito sus demás alegatos finales, mientras que los denunciantes tendrán hasta el 12 de julio.
Los argumentos servirán de base para que el relator de la comisión, Antonio Anastasia, elabore un nuevo informe que será presentado ante el Senado el 2 de agosto y sometido a votación 48 horas después.
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Si el documento resulta favorable a proseguir con el proceso que ha sido denunciado como un golpe de Estado parlamentario contra Rousseff, se remitirá al pleno de la Cámara Alta.
En esa instancia será votado el martes 9 de agosto de acuerdo con lo que informó el titular Renán Calheiros.
Si en la Cámara Alta recibe el respaldo de la mayoría simple de los senadores (41 votos de 81) le tocará al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, convocar el juicio definitivo a la presidenta, fase que ocurriría solo a partir del 25 de agosto, según Calheiros.
En este escenario, la mandataria solo podrá ser separada definitivamente de su cargo con el voto de la mayoría calificada del pleno del Senado (54 votos).
Pero si más de 27 senadores votaran por restituirle su mandato, ella reasumiría la jefatura del Estado una vez sea publicada la sentencia absolutoria.
En contexto:
Dilma Rousseff está suspendida de su cargo por la Cámara Alta brasileña mientras se estudia si es culpable de supuestamente haber maquillado los fondos públicos.
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período de 180 días.
Para que Dilma pierda definitivamente la jefatura del Estado se necesitará el apoyo de 54 de los 81 miembros de la Cámara Alta.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un atentado feroz contra las políticas sociales.
En la misiva que envió el pasado miércoles al Senado, Rousseff advirtió que la posible interrupción de su mandato representaría un riesgo para todo el país, porque "un gobierno sin respaldo popular no resolverá la crisis porque él mismo será la crisis, no será respetado y se volverá un osbtáculo para la solución".