El acuerdo afectará principalmente al sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la estatal petrolera Pemex y se produce como parte de la cuestionada Reforma Energética que desarrolla el gobierno de Enrique Peña Nieto cuyo eje central es la apertura a la inversión privada (nacional o extranjera) en las distintas fases del proceso de producción petrolera. Las medidas han sido cuestionadas representan una regresión de las políticas soberanas implementadas por el General Lázaro Cárdenas que garantizaban control soberano sobre los recursos hidrocarburíferos.

Algunos de los aspectos que contempla la reforma laboral incluyen:

a) Modificación de la edad de jubilación de 55 años (en la actualidad) a 65 años y 25 años de trabajo, aplicable a los trabajadores actuales. Ajustado, dicen los defensores de la medida, a los estándares de mercado, mismos que han sido criticados por constituir retrocesos en el marco del proceso de precarización impuesto por el neoliberalismo.

b) Buscar ahorros entre los trabajadores en activo por medio de un esquema en el que se pueda mantener la actual condición de jubilación (mantener hasta 85 por ciento de su ingreso mensual neto), modificando los parámetros de jubilación y de antigüedad.

c) Los nuevos trabajadores y empleados de confianza ya no tendrán pensión de Pemex, sino que tendrán cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Estas cuentas individuales presentan riesgos ya que dependen de las inversiones que se hagan por parte del operador de pensiones y las tasas de ahorro que se obtengan en el mercado. El esquema privatizador ya ha sido aplicado en otros países de América Latina con resultados lamentables.

d) No se garantiza a los trabajadores una jubilación con el 85 por ciento de su último salario, que consagra el actual contrato colectivo.

Documentos oficiales entregados por Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) sobre los ajustes en materia laboral señalan que en 2015 el fin es “acotar el costo laboral de la empresa”, del cual una parte importante lo tiene el pago de pensiones.

De acuerdo con la información, el gobierno federal podrá asumir una proporción del pasivo laboral de Pemex, es decir, del pago de las pensiones y jubilaciones en curso, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de la empresa y sus organismos subsidiarios, siempre y cuando este año “Pemex y su sindicato alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo, se modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, además de impulsar un Programa de austeridad en el gasto”.

La modificación del contrato colectivo de los trabajadores forma parte de la ofensiva de los sectores neoliberales que han cuestionado el funcionamiento de la empresa, su supuesta baja rentabilidad y que aconsejan la reestructuración de la empresa y de las organizaciones gremiales, así como recortes en la plantilla de la estatal petrolera.