La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó este miércoles un comunicado conjunto con organizaciones de derechos humanos en el que denuncian el fallo de la Corte Suprema la ley 24.390, conocida como 2x1, la cual "deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad". 

La decisión de la Corte Suprema argentina provocó el rechazo de varios organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.

"Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para crímenes de la dictadura”, señaló Carlotto  quien destacó que la reducción de penas no es aplicable a las condenas por delitos de lesa humanidad. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados", aclaró.

Carlotto  enfatizó, durante la rueda de prensa, en que a los organismos les "llama la atención" que la jueza Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. "Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes", dijo.

La activista de derechos humanos recordó que los genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que algunas condenas no se encuentran firmes "por las propias dilaciones del Poder Judicial".

"El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores", añadió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y mencionó que si se aplica el nuevo criterio de la "ley más benigna" a este tipo de delitos, "los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión, que son de ejecución condicional".

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