Las torturas y otros tratos vejatorios ocurren de manera sistemática en las cárceles de Argentina, así lo constató el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, durante una evaluación realizada entre el 26 y 27 de abril. 

"La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro", dijo el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Pomares.

El Comité evaluó el cumplimiento del Estado argentino de las obligaciones de la Convención contra la Tortura. Sus miembros cuestionaron la situación de hacinamientos en las cárceles, la sistematicidad de la violencia contra detenidos, la violencia policial contra jóvenes pobre e integrantes del colectivo trans, la estigmatización del aborto y las medidas impulsadas por la gestión del partido gobernante Cambiemos. 

La ONU también requirió información sobre la reforma migratoria del Gobierno argentino que endurece los requisitos de permanencia en el país para los extranjeros con antecedentes o con condenas de prisión. 

El Estado argentino "no reconoció en un principio la superpoblación en los lugares de encierro, alegando que los cupos eran suficientes para la cantidad de personas detenidas", recordó Pomares y añadió que en general las respuestas del Ejecutivo argentino "fueron genéricas, poco precisas y más centradas en la órbita nacional y no en la problemática de las provincias alegando falta de información".

El Gobierno admitió una situación de sobrepoblación carcelaria, al tiempo que justificó por razones de seguridad las reformas penales impulsadas como la de la Ley 24.660, para limitar las excarcelaciones. Los miembros del comité aseguraron que esas medidas contradicen las Reglas Mandela y potenciarán la situación de hacinamiento.

ONU visitará Argentina para analizar la detención arbitraria

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria visitará por segunda vez Argentina entre el 8 y el 18 de mayo para observar la situación de los detenidos en prisiones, comisarías e instituciones de salud mental. 

La comitiva visitará la ciudad y la provincia de Buenos Aires y las jurisdicciones de Chubut y Jujuy, donde se encuentra detenida la activista indígena de DD.HH, Milagro Sala.

Los representantes del grupo de trabajo se reunirán con autoridades federales y locales, con miembros de la sociedad civil y organismo involucrados "para elaborar un panorama completo y objetivo de la amplia variedad de cuestiones relativas a la privación de la libertad" en Argentina.