La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se sumó a la exigencia de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para que el Estado de México realice una búsqueda efectiva de estos jóvenes, cuyo paradero se desconoce desde hace una semana.

A través de un comunicado, la ONU México subrayó que está “profundamente conmovida por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias, el dolor de los deudos”. Este hecho fue calificado por la organización como de "extrema gravedad".

Asimismo, hicieron “un llamado respetuoso al Estado mexicano para que en su conjunto y de manera coordinada tome y refuerce todas las medidas a su alcance para hacer una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas”.

Medidas cautelares

Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares en favor de los 43 estudiantes desaparecidos, para obligar al Estado mexicano a que "implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”.

La CIDH considera que “los graves hechos de violaciones a Derechos Humanos”, ocurrido en Iguala, colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de irreparabilidad al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la integridad física”.

Como ocurrieron los hechos

Los estudiantes desaparecieron en el estado sureño de Guerrero el pasado viernes, cuando protestaban contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del gobierno de esa entidad.

Durante la manifestación, policías municipales de la ciudad de Iguala arremetieron contra los estudiantes, incluso disparando los autobuses donde se trasladaban, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.

Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero sólo 22 fueron arrestados de forma definitiva como presuntos responsables de los ataques. Asimismo, el alcalde de Iguala, José Abarca Velásquez, deberá separarse de su cargo por 30 días y también fue expulsado de su partido político.

En contexto

El pasado 30 de junio ocho militares ejecutaron a 22 personas con el pretexto que se trataba de miembros del crimen organizado y perecieron durante un enfrentamiento armado con los uniformados. Sin embargo, testigos afirmaron que las personas fueron ejecutadas a sangre fría a pesar de haberse rendido y que sólo una persona murió en el enfrentamiento, en Tlatlaya, localidad ubicada en Tierra Caliente.

Pese a los constantes casos que salen a la luz sobre abusos de las fuerzas policiales de México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante la 69° Asamblea General de la ONU que el país que representa se unirá a las misiones de los cascos azules, también llamados soldados de paz, pero cuya participación ha causado polémica en varios países.