Un grupo de comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron este lunes que en Burundi se han perpetrado crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015, además le solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que agilice una investigación.

La comisión investigadora de la ONU recolectó información que permitió "confirmar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, y violencia sexual" a partir de abril de 2015.

Los crímenes detonaron el 25 de abril de 2015, luego del pronunciamiento del mandatario Pierre Nkurunziza, de postularse para optar a un tercer mandato presidencial sucesivo, sin embargo, esta violencia de orden político se ha tratado de matizar de factores étnicos.

>>Advierten que los derechos humanos no mejoran en Burundi

Según la comisión, en los próximos días presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se indica con claridad que el mayor número de violaciones a los derechos humanos fueron ejecutados por "miembros del servicio nacional de inteligencia, la policía y el ejército".

Asimismo, en el informe consideran responsables a la liga de juventudes del partido de Nkurunziza, llamados usualmente los "Imbonerakure".

En el informe, también se responsabilizan a los grupos armados de oposición de algunos abusos de los derechos humanos, pero en un nivel menor en relación a los señalamientos que se atribuyen a las fuerzas del Gobierno de Burundi y el sistema estatal.

El Gobierno de Burundi no ofreció ningún tipo de cooperación a la comisión de la ONU, dirigida por el jurista de Argelia, Fatsah Ouguergouz, para que realizara su trabajo y además les negó la entrada al país.

>>ONU visitará Burundi para investigar estado de torturas

Los integrantes de la comisión explicaron que su investigación se realizó desde Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania. Desde allí, se reunieron con refugiados burundeses y lograron entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades. 

En su informe, también mencionan una serie de ataques contra "una población en su mayoría civil compuesta de opositores al gobierno o de personas percibidas como tales". Responsabilizan al "más alto nivel del Estado, oficiales superiores y agentes del servicio nacional de inteligencia, de la policía, del ejército y de los Imbonerakure".