El pueblo maya ixil, al Norte del departamento de Quiché, en Guatemala, finalizó el mes de junio con la aplicación legal de su propio sistema de justicia ancestral, después de su reconocimiento por el Ministerio Público (MP).

Su reconocimiento oficial aconteció el pasado 22 de junio de este año, cuando la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, firmó un convenio entre las alcaldías indígenas ixiles, que reconoce la aplicación del “Derecho Maya”.

“No necesito leyes, no necesito convenios para reconocer el Derecho de los Pueblos Indígenas”, expresó Aldana a las autoridades indígenas de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, Quiché, en reconocimiento al pluralismo guatemalteco.

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Argumentó la titular del MP, que es ineludible la legitimación del trabajo de las autoridades indígenas, porque a su criterio, aún existen funcionarios públicos que consideran único y superior al Derecho Ordinario Estatal.    

Con la firma del convenio, las decisiones de las autoridades indígenas en la resolución de diversos conflictos sociales, tendrán validez legal, explica Miguel de León Ceto, de la alcaldía indígena del municipio de Nebaj, Quiché.

Aunque para Diego Santiago Ceto, otra autoridad indígena, el reconocimiento tendría que ser al revés “nosotros tendríamos que reconocer a este Estado colonial, porque llegó a nuestro pueblo hace poco tiempo”, sentencia.

El acuerdo también demanda coordinación y cooperación entre ambos sistemas jurídicos. Según de León Ceto, las alcaldías indígenas que carecen de recursos y tecnología para resolver casos de alto impacto, como las extorsiones, podrán remitirlas al sistema judicial estatal o viceversa.

Queda a criterio de la población maya ixil, de acoger uno de ambos sistemas de justicia para resolver sus problemas, aclaró la jefa del MP, que a su vez, enfatizó que la coexistencia de ambos sistemas de justicia favorece la paz social.

Durante ocho años de experiencia, se ha demostrado que las personas  que buscan una justicia real, prefieren acudir al sistema ancestral, relata Miguel Brito Marcos, miembro del concejo de alcaldes indígenas.     

Buscaron el respaldo oficial, según expone Diego Santiago Ceto, porque desde la instalación del Centro de Administración de Justicia –CAJ- en el territorio ixil, hace aproximadamente 20 años, aseguran que los jueces empezaron a discrepar y a criminalizar la aplicación del Derecho Consuetudinario.

Señala Santiago, que los jueces arrebataban los casos a las alcaldías indígenas, repetían los procesos o revertían sus sentencias; menospreciando la coexistencia del sistema de justicia maya, afirma.

Desde que emigraron de la selva la Candona, -hoy Chiapas, México- al territorio Ixil, hace más de dos mil 500 años, refiere Pablo Ceto, un maya ixil, se han regido bajo el sistema de usos y costumbres para armonizar la convivencia comunitaria.

Durante los años más cruentos del genocidio de la década de los años ochenta, según narra Pablo “el ejército al no lograr derrotar a la guerrilla, empezó a masacrar a niños y ancianos; entre ellos a miembros de los Q’esal Tenam, o Concejo de principales ixiles”, indica.

De León Ceto, también describe que a consecuencia del genocidio, esta sabiduría milenaria fue practicada de manera clandestina ante el ejército de Guatemala, por más de 36 años; tiempo que duró la represión militar.

A diez años de la firma de los Acuerdos de Paz (29/12/1996), las alcaldías indígenas nuevamente salen a luz pública, según Pablo Ceto. En el año 2012 y 2014 fueron reconocidas localmente mediante acuerdos municipales, recuerda.

Desde el año 2006, cuando las alcaldías empezaron a funcionar, refiere de León Ceto, diariamente reciben un aproximado de 10 casos de conflictos; desde problemas matrimoniales, pensión alimenticia, problemas limítrofes, entre otros.

Algunos de ellos “se resuelven en una hora, en medio día o en un día entero, según la complejidad. Es una justicia pronta que no tarda meses o años” enfatizó Santiago Ceto.

Los casos son resueltos por aproximadamente 15 guías ancestrales, electos por tiempo indefinido, por sus méritos de servicio a la comunidad, cuenta Martina Terrasa Brito, una joven ixil que está aprendiendo de las autoridades ancestrales.

En el Derecho Maya no existen multas y no hay cabida para el encarcelamiento, relata Terrasa; las sanciones son conciliadoras y reparadoras que se concluye mediante el diálogo entre ambas partes o a través de una asamblea comunitaria, agrega.

En un pronunciamiento público el Consejo de Autoridades Mayas, enfatizó que el reconocimiento del derecho consuetudinario en la región ixil, demuestra que la construcción de otra Guatemala con dignidad y derechos, es posible.

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