Gobiernos mexicanos han criminalizado a movimientos sociales
El escándalo del espionaje a periodistas, movimientos y líderes sociales en México es una muestra más de la política de represión y criminalización hacia toda forma de organización que represente una molestia para el Estado y la elites mexicanas.
A pesar de la presión por parte del Gobierno mexicano, cada día son más campesinos, estudiantes, trabajadores que se organizan para denunciar el abandono estatal, la falta de políticas sociales, más seguridad o las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales mexicanas.
Gobierno vs movimientos sociales
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la masacre de Aguas Blancas, en la cual 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por un grupo de al menos 400 policías cuando se dirigían a una concentración para solicitar al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido. Los casos de persecución a líderes sociales no ha cesado.
La masacre de Aguas Blancas no fue un hecho aislado por años los distintos gobiernos mexicanos han practicado la represión y criminalización de las manifestaciones campesinas o estudiantiles.
La masacre de Tlatelolco en octubre de 1968 en la que aún se desconocen los números de fallecidos y desaparecidos por la acción del Batallón Olimpia de la policía mexicana.
El 10 de junio de 1971 durante el mandato de Luis Echeverría, se produjo en Ciudad de México la matanza del Jueves de Corpus, en la que 120 estudiantes perdieron la vida al ser reprimidos por una división del Ejército llamada Halcones.
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A mediados de diciembre de 1997, grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mataron a 45 indígenas tzotziles mientras oraban en una iglesia. De las víctimas, 16 eran menores, 20 eran mujeres y nueve hombres adultos.
El 12 de diciembre de 2011, dos jóvenes perdieron la vida a manos de efectivos de la policía estatal, que reprimieron una manifestación de estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, quienes pedían la destitución del director de la institución, Napoleón Anaya y se nombrara a Eugenio Hernández como su reemplazo. Además de estos fallecimientos, la Manifestación culminó con 50 detenidos, heridos graves y desaparecidos.
El 26 de septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala, Guerrero atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en el hecho 13 alumnos fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por las fuerzas policiales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
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Estos casos dan muestra de la persecución histórica a los movimientos sociales mexicanos.
Ausencia de cifras
Por parte del Gobierno no hay cifras recientes sobre la muerte y represión contra líderes sociales, al no contar con apoyo oficial el conocer el número de víctimas, las organizaciones deben tratar de llevar adelante el conteo.
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) reseño en el 2014 que hasta ese año se habían registrado y documentado 367 casos de tortura en 14 entidades del país, atribuidos en su mayoría a la Policía Federal, el Ejército, paramilitares y procuradurías estatales.
Del 2012 al 2014 el organismo observó un preocupante incremento de agresiones contra de activistas de derechos humanos y líderes sociales en un claro interés, de criminalizar las protestas e “inculcar el miedo en la sociedad para suprimir la auténtica lucha social”.
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De acuerdo al último informe de la organización Global Witness, durante el 2016 fueron asesinados cuatro ambientalistas en México, por oponerse al despojo de las tierras y deforestación de los bosques.
Movimientos en pie de lucha
El pasado 25 de junio integrantes de diversas organizaciones sociales del estado de Guerrero hicieron un llamado al fiscal general de México, Xavier Olea Peláez y a los gobiernos estatal y federal para que continúen con la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en la zona.
El dirigente del Consejo Democrático y Plural, perteneciente al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), César Flores Martínez pidió la presentación con vida de los líderes sociales de la Costa Chica, Ramiro Galindo Salomé y César Suárez Cisneros, desaparecidos desde el 24 de noviembre de 2016 y reprochó el nulo avance en las investigaciones del caso.
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El 25 de abril defensores de los familiares de los normalistas desaparecidos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”,la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, reprobaron "enérgicamente" la respuesta violenta del gobierno Federal ante las demandas legítimas de madres y padres que reclaman la presentación de sus hijos.
Las agrupaciones sociales señalaron que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aguardaban a las afueras de la Secretaría de Gobernación para conocer y exigir el avance sobre las investigaciones, sin embargo, "la respuesta fue nuevamente la represión".
Los anteriores ejemplos citados son una muestra de que a pesar del peligro al que se encuentran expuestos los líderes y miembros de organizaciones sociales, cada día son más los ciudadanos que participan en acciones populares para denunciar a un estado que no vela por los Derechos Humanos.