El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron los protocolos que empezarán a implementar para el cese bilateral del fuego, el fin de las hostilidades y la dejación de armas.

Desde el salón de protocolo de El Laguito, en La Habana, Cuba, divulgaron los puntos que fueron pactados en el último y gran acuerdo de las partes, el cual se firmó el 23 de junio pasado entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

La hoja de ruta a seguir establece 23 protocolos y 2 anexos con procedimientos, fechas, criterios, medios, reglas y responsables de cómo se  llevarán a cabo los desplazamientos hacia las zonas de concentración y la ubicación de estas, su funcionamiento, la dejación de las armas de las FARC-EP, la seguridad, el monitoreo y la verificación, y la logística.

El comunicado leído este viernes señala que el objetivo de estas reglas es evitar que los acuerdos se rompan, se afecte a la población civil, a la Fuerza Pública o al grupo insurgente. 

Con la firma de este protocolo las FARC-EP se compromete a no realizar actividades irregulares para la financiación de la organización; a no adquirir, fabricar, portar o transportar armas municiones y explosivos no autorizados; y a no no ejecutar actos que ponga en riesgo la vida e integridad personal de la población civil.

Por otro lado, el protocolo establece que será considerada una violación al cese al fuego bilateral cualquier conducta contraria a lo establecido en el acuerdo y sus protocolos.

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¿Cómo entregarán las armas?

Los protocolos para la dejación de armas señalan que las FARC-EP entregarán el total de sus armas, lo que incluye de tipo individuales, de apoyo, granadas y municiones.

De acuerdo con el cronograma, la dejación iniciará cinco días después de la firma del acuerdo final, cuando el grupo insurgente entregue toda la información sobre su arsenal y pasados cinco días más las coordenadas de los depósitos donde se encuentran.

Así, durante los primeros 60 días desde la firma final se destruirá el armamento artesanal, por su carácter inestable. Entretanto, las armas de apoyo y el armamento de las milicias se almacenarán en contenedores; mientras que las armas individuales que permanezcan en los campamentos de las FARC-EP serán entregadas de forma secuencial y en fases: 30 por ciento a los 90 días de la firma del acuerdo final, 30 por ciento luego de 120 días; y el 40 por ciento restante a 150 días de la firma. 

¿Cómo será la verificación y monitoreo?

El proceso de recolección y almacenamiento será certificado por las Naciones Unidas, que se encargará, transcurridos más tarde 180 días, los contenedores de las zonas de concentración, certificará el proceso y comunicará su fin. 

Habrá además un mecanismo técnico y tripartito, conformado por el Gobierno colombiano, las FARC-EP y observadores no armados encabezados por la ONU, que encontrarán en las zonas de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De registrarse incidentes, la delegación de la ONU evaluará la situación y presentará informes para dirimir controversias.

El jefe de la misión de la ONU, el General Pérez Atina, indicó que con la firma del acuerdo se ha completado el camino para el fin del conflicto, y que no solo se establece de común acuerdo cómo cesarán las hostilidades, sino que también  "establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y libertades de la población civil".

Señaló que el mecanismo tripartito es novedoso porque integra el mecanismo de verificación de un organismo internacional independiente con el mecanismo de la verificación mutua que las partes realizarán de cara a sus respectivos compromisos.

Atina agregó que en calidad de coordinadora, la misión de observadores de la ONU hará todo lo posible para que el mecanismo protocolar cumpla con su mandato y genere confianza en la implementación.

"Tengan la plena seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad", concluyó.

¿Cómo se regularán las zonas veredales y puntos transitorios de normalización?

Las rutas para el desplazamiento de los miembros de las FARC-EP hacia las 23 zonas y los 8 puntos tendrán dispositivos especiales de la Fuerza Pública. El protocolo señala que los integrantes del grupo insurgente no podrán circular uniformados o armados fuera de las áreas delimitadas. 

El Gobierno colombiano será el responsable de suministrar la logística durante el proceso del Cese al Fuego y Dejación de las armas, y para ello tendrá recursos de cooperación internacional.

Protocolo para manejo de zonas veredales es una noticia muy importante. Fija las reglas de juego para que Farc dejen las armas.

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 5 de agosto de 2016

FARC-EP: quieren acabar con el proceso de paz "por razones caprichosas"

Durante la rueda de prensa, el jefe de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Iván Márquez, destacó que pese al  “fuego enloquecido de los enemigos de la paz”, la firma de los protocolos para el cese al fuego bilateral y definitivo en Colombia es una “contundente señal” de que el proceso de paz avanza hacia el acuerdo final.

Aseguró que este camino sigue aunque haya quienes quieran acabarlo “por razones caprichosas”. Al respecto, sentenció que no podrán contra la voluntad de los colombianos, debido a que la reconciliación enarbolada por millones de compatriotas ondean más alto que las escasas banderas negras que “evocan al fascismo”.

El líder negociador de las FARC-EP apuntó que esta reconciliación exige verdad y reconocimiento de las responsabilidades, para poder acceder a la justicia restaurativa y añadió que algunos protagonistas del proceso prefieren “silenciar con el ruido de la guerra” la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto.  

Unos la quieren gratis, otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política, aseveró Márquez y criticó que haya quienes quieran acaparar, a través de artimañas, los recursos de la implementación y su destino.

El miembro del grupo insurgente advirtió que el presupuesto presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos para este 2017 parece no tener en cuenta los requerimientos de la paz y sentenció que con ello niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación del país suramericano.

Sobre los acuerdos, señaló como clave la implementación que debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, sin limitarse solo a la refrendación.

“Se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no queden como letra muerta o vana ilusión”, dijo y agregó que de esta manera se evita que  desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y procesos.

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El plebiscito por la Paz en Colombia

El presidente Santos confirmó recientemente que el plebiscito por la Paz, que refrendará los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las FARC para poner fin a medio siglo de conflicto, se convocará antes incluso de que se firme el mencionado acuerdo.

Santos ha detallado que se convocará la consulta popular "cuando se terminen los acuerdos" y se envíen "los textos al Congreso de la República".

Cuando los textos se envían al Congreso "se convoca el plebiscito, en ese momento". "No necesariamente coincide con la firma de los acuerdos; la firma se hace posteriormente, es una formalidad", indicó.