El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se opuso a la aplicación del 2x1, aunque buscó minimizar las consecuencias del fallo al decir que "más allá de los que puedan ver fantasmas o necesiten politizar este tema porque con eso hacen una bandera de división, nosotros sostenemos una política de Estado".

El fallo de la Corte Suprema de Justicia considera aplicable el beneficio del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad. El 2x1 indica que por cada año de prisión preventiva se computan dos y se les suman a los de condena efectiva.

Peña indicó que “la Justicia es independiente” y adhirió a las palabras del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien pidió “ser respetuosos del fallo” y se mostró de acuerdo "si el fallo está ajustado a la ley" y  evitó hacer mención  del caso de los dos jueces que fueron designados por el Gobierno argentino.

“Rechazamos el concepto del 2 por 1 y más aún que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, aunque no cuestionó a los jueces que dictaron el fallo.

Dos de los magistrados que votaron a favor fueron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por el presidente Mauricio Macri. La tercera fue Elena Highton de Nolasco, quien consiguió el apoyo del Gobierno para seguir en funciones a pesar de que cumplió los 75 años que la Constitución establece como límite para desempeñarse como jueza.

Alrededor de 18 organizaciones de derechos humanos protestaron ayer frente al Palacio de Justicia, en Buenos Aires, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que habilita a genocidas a ser liberados antes de cumplir su condena.

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