Henry William Torres Escalante se convirtió este lunes en el primer general activo de Colombia en ser arrestado por los falsos positivos. Se entregó tras conocerse una orden de captura en su contra emitida por la Fiscalía colombiana. Permanecerá detenido en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte (Bogotá).

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que el general aprobó una misión para asesinar a dos campesinos que habían denunciado otros falsos positivos. Esos campesinos eran Daniel Torres y su hijo menor de edad Roque Torres Torres, quienes murieron el 16 de marzo de 2007 en la “Operación fragmentaria No. 05 Marte” a cargo de la Brigada XVI que comandaba Torres Escalante. 

“El comandante de la Brigada XVI tenía la información precisa y completa acerca de las víctimas, la cual utilizó de manera conveniente para sus fines personales, que no eran otros que callar a quienes venían alertando ante las organismos de control y ONG las irregularidades en las operaciones militares (…) donde se reportaban civiles como muertes legítimas en combate, cuando lo que realmente acontecía eran homicidios deliberados de campesinos y labriegos no combatientes tildados de ser auxiliadores y milicianos de la guerrilla”, concluyeron los investigadores. 

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Hasta ahora van 41 inspecciones judiciales, nueve pruebas periciales, 207 pruebas documentales y 86 declaraciones recogidas desde hace varios años por distintos fiscales y concentradas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema. Según pudo conocer El Espectador en la medida de aseguramiento, que contiene 275 páginas, el ente investigador precisa que buscando ejercer el control territorial en el municipio Aguazul en Casanare, el Ejército estableció una misión táctica en la vereda El Triunfo.

 “No obstante esto no fue más que un plan creado, ideado y puesto en ejecución para segar la vida de padre e hijo y, finalmente, mostrarlos como un resultado operacional positivo”, refiere el documento.

Sin embargo antes de que se perpetrara el crimen los funcionarios venían cometiendo una serie de abusos e irregularidades contra los campesinos con el objetivo de silenciarlos y cuando ocurrieron los asesinatos no eran desconocidos para los miembros de la brigada ni para el comandante. 

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De acuerdo a los datos que se han recopilado en la investigación siete meses antes del crimen las víctimas estuvieron dentro de las mismas instalaciones de la Brigada XVI rindiendo declaración como testigos ante Óscar Nelson Guerra Chinchía, juez 44 de Instrucción Penal Militar, sobre los detalles del homicidio del señor Hugo Édgar Araque Rodríguez, cuyo caso fue reportado como muerte en combate. 

Además, en el documento se señala que también los Torres fueros testigos seis meses antes de otro homicidio perpetrado por el Grupo Especial Delta 4 orgánico de la Brigada XVI, en desarrollo de la Misión Táctica N° 04 Albatroz II, que había sido ordenada de manera directa por Torres Escalante y en la que murió el señor Fredy Alexánder Sanabria. 

El hecho fue denunciado por Roque Torres junto al Comité de Solidaridad de Presos Políticos y en su declaración ponía en manos del Ejército lo que pudiera ocurrirle. “Lo único que digo es que si me pasa algo al único que le hecho (sic) la culpa es al Ejército porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”, dijo Roque Torres. 

Y su padre Daniel Torres también fue amenazado porque había hecho otras denuncias, entre ellas, una que estuvo relacionada a una inspección ilegal a su casa que hicieron 15 soldados el 12 de noviembre de 2006 y que catalogaron de censo. Ese día tomaron nota de los nombres de los integrantes de la familia, quisieron llevarse detenido a Daniel Torres sin orden judicial y como él se negó le dijeron: "Usted nos cae por ahí solito”.

Previendo lo que podía venir, Daniel Torres denunció el hecho y dejó constancia "de que en el momento que me llegare a suceder un percance criminal en mi persona o a cualquier integrante de grupo familiar responsabilizo a los integrantes del Ejército Nacional de la Decimosexta Brigada con sede en Yopal, Casanare”.

Para el desarrollo de la investigación contra el general activo fue clave la declaración del teniente Marco Fabián García, condenado a 22 años de prisión por estas muertes, quien indicó que los comandantes siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes pero lo único que les interesaba eran los resultados. “Nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo eran felicitaciones”, declaró. 

La complejidad del caso va más allá porque los investigadores documentaron cómo las muertes en combate de la Brigada XVI aumentaron en 2007 cuando el general Torres Escalante oficiaba como comandante en Casanare. Solo entre enero y abril los funcionarios reportaron 94 muertos en 75 combates, por eso se trata de determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales. 

En contexto

Las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en Colombia incluyen a unos 22 generales.

Aún está pendiente el llamado al general Jorge Arturo Salgado Restrepo, actual director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, a quien se ordenó investigar por las muertes de dos personas en Antioquia en el 2006.

Según una organización defensora de los derechos humanos, más de cuatro mil personas han sido asesinadas por militares ypolicías colombianos, cuyos cuerpos eran presentados como insurgentes muertos en combate a cambio de ascensos y condecoraciones.  

La Fiscalía General ha investigado a unos mil 573 miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son sub-oficiales y soldados. También a más de 80 integrantes de la Armada, entre ellos un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios sub-oficiales y soldados. Además otros 50 casos de la policía nacional.