La fiscal federal argentina Ángeles Ramos presentó este viernes un dictamen al Tribunal Oral Federal Número 6 de Argentina, en el que considera inconstitucional la ley avalada por la Corte Suprema de Justicia, que aplica el beneficio penitenciario del 2x1 a genocidas para ser liberados antes de cumplir su condena por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar de ese país (1976-1983).

Ramo rechazó la solicitud del represor de la dictadura, el excapitán Víctor Gallo, quien pidió a la justicia que se le aplique el 2x1, que indica que por cada año de prisión preventiva se computan dos y se les suman a los de condena efectiva. Ya con esta ley resultó beneficiado el represor Luis Muiña, sentenciado a 13 años de prisión por integrar un comando paramilitar en el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a opositores.

"La conmoción causada en la sociedad, radica en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática. Y que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes", dijo la fiscal.

Gallo, preso desde 2010, fue condenado en 2012 a 15 años de cárcel y en 2016 a una única pena de 25 años de prisión, al unificarla con otras anteriores, por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura militar y por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo de Silvia Mónica Quintela, secuestrada en 1977 y asesinada en el centro clandestino de detención Campo de Mayo de Argentina.

Asimismo, los genocidas y represores argentinos Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge “Tigre” Acosta, también podrían beneficiarse del 2×1 y reducir sus penas.

>> Organismos convocan a marcha contra fallo de Corte Argentina