Familiares de las víctimas del ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) denunciaron al Gobierno argentino de no dar acceso a los archivos desclasificados y que busca entregarlos a una empresa de software que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros.

Los denunciantes también solicitaron que se anule el decreto que el Gobierno aprobó y que establece el traslado de estos archivos bajo su supervisión y que sean reservados en la Unidad Especial de Investigación del Atentado.

En la audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal, pidieron que se anule el decreto de desclasificación de archivos 299/17 que devolvió el control de esa documentación al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría AMIA y que esos documentos sean custodiados por la fiscalía.

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Miembro de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), Laura Ginsberg, manifestó que "esto es una maniobra del Estado para reapropiarse de la documentación secreta. Estamos convencidos de que allí figura toda la información que involucra al Estado en el encubrimiento del atentado y, por tanto, puede ser manipulado en cualquier sentido".

Asimismo, en una rueda de prensa miembro de Apemia, Pablo Gitter, indicó que "el Gobierno argentino está trabajando en entregar la información referida al atentado a la AMIA a una empresa de origen norteamericano que depende de la NSA y se llama Palantir. Esa empresa es del Estado del Mossad (servicio secreto israelí)".

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Por otro lado, los familiares de las victimas aseguran que el Gobierno de Mauricio Macri está incumpliendo su compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de desclasificar información secreta.