Este viernes 11 de septiembre se lleva a cabo en La Habana la primera reunión de la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos, encaminada a definir la agenda que guiará la fase iniciada tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países el 20 de julio último. 

La creación de este grupo había sido anunciado durante la visita a la isla del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el 14 de agosto  pasado, cuando reabrió oficialmente la embajada norteamericana. 

La apertura de las respectivas sedes diplomáticas -la de Cuba en Washington se inauguró el 20 de julio- marcó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas emprendido por el anuncio conjunto de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el 17 de diciembre de 2014.

Lea aquí → ¿Qué representa la reapertura de embajadas de Cuba y EE.UU.?

Sin embargo, ambos Gobiernos han señalado reiteradamente que ese proceso no significa el fin del camino, sino el inicio de un proceso “largo y complejo” que conduzca a la normalización de las relaciones bilaterales. 

Se espera que en el encuentro de este viernes en Cuba se tracen las primeras líneas y condiciones para lograr el acercamiento a ese objetivo final, pero, como ha señalado la nación antillana, el fin del bloqueo impuesto por EE.UU. durante más de 50 años, la salida del territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo, y la compensación a miles de ciudadanos cubanos por las agresiones de cinco décadas son pasos indispensables para llegar a ese momento. 

Aquí→ ¿Qué falta para que Cuba y EE.UU. tengan relaciones normales?
 

¿Qué debería incluir la agenda hacia la normalización?

En lo económico

A pesar de que la administración estadounidense flexibilizó lo concerniente al visado, las remesas y la correspondencia entre ambas naciones, acciones de este tipo resultan insuficientes para la isla, que desde 1962 sufre las consecuencias de un bloqueo económico, comercial y financiero que limita sus actividades de comercio, transacciones, adquisición de bienes e insumos necesarios para áreas como salud y educación, entre otras. 

En ese sentido, se hace necesaria la eliminación de las multas a las empresas que deseen realizar negocios o inversiones en Cuba, el levantamiento de las normativas que impiden el flujo normal de turistas desde el territorio norteamericano hacia Cuba, y el fin de la prohibición que impide al país caribeño el uso del dólar como moneda en sus transacciones internacionales. 

También resulta necesario, a raíz de las nuevas conversaciones, que EE.UU. elimine la restricción de exportaciones a la isla de productos de alta tecnología, así como la entrada a su territorio de productos cubanos. Al mismo tiempo, Washington debería dejar a un lado la prohibición que impide a la mayor de las Antillas comerciar con subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países.

 

Si todas estas medidas que forman parte del bloqueo se eliminaran -un proceso que debe contar con al aprobación del dividido Congreso norteamericano-, Cuba podría comercializar productos tradicionales de exportación como el azúcar, el ron, el tabaco y el níquel, así como exportar servicios, acceder a la tecnología de punta que poseen empresas estadounidenses y tener un mayor nivel de inversión extranjera. 

Política  migratoria

Estados Unidos debe cambiar su política migratoria hacia Cuba, lo cual implica en la práctica poner fin a la Ley de Ajuste Cubano y  la política de “pies secos, pies mojados”, las cuales constituyen el primer estímulo para la emigración ilegal de ciudadanos cubanos a territorio estadounidense. 

La política migratoria centró la primera jornada de conversaciones realizadas en enero pasado con vistas al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y como parte de ese diálogo se evaluó la marcha de los acuerdos para enfrentar la emigración ilegal y el tráfico de emigrantes. Sin embargo, hasta el momento permanecen sin cambios la Ley de Ajuste Cubano y la política “pies secos, pies mojados”. 

Según señaló la directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal,  dichas medidas confieren a los ciudadanos cubanos un trato diferencial, exclusivo y único que no reciben otros migrantes, por lo que es un elemento que anima esas salidas ilegales.

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Salida del territorio de Guantánamo

​Una promesa electoral del presidente Obama fue el cierre de la cárcel que mantiene su país en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo, en el oriente cubano, una acción que aún no ha logrado concretar en sus seis años y medio de mandato. 

Pero, incluso si el mandatario lograra el apoyo del Congreso para llevar a cabo ese paso, autoridades norteamericanas como la directora de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice, han manifestado que “no estamos interesados en absoluto en cambiar la situación en Guantánamo".

Hasta el momento, esa ha sido la respuesta a la exigencia de la isla de que EE.UU. devuelva el área ocupada desde 1903, cuando la Enmienda Platt, impuesta por un Gobierno subordinado a la Casa Blanca. 

Cuba denunciado que la base es una provocación de Washington hacia el territorio caribeño, pero pese a esa demanda, y a la condena internacional hacia la violación de los derechos humanos que se realizan las personas presas en la cárcel, EE.UU. mantiene su postura de no ceder. 

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El fin de las transmisiones ilegales y otros programas subversivos

Desde el triunfo de la Revolución cubana, EE.UU. ha aplicado acciones de diversa índole para frenar la marcha del proceso cubano, las cuales han ido desde la agresión armada hasta las sanciones económicas y el apoyo a grupos que organizan acciones violentas contra la isla. Parte del guión estadounidense ha sido, además, el financiamiento de programas de subversión.

Es por ello que la isla pide, como única vía para contar con relaciones normales, que la Casa Blanca se comprometa a cesar las transmisiones radiales hacia Cuba y eliminar los programas destinados a promover la subversión interna, que históricamente ha ejecutado y financiado.

En 2013 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por su sigla en inglés) reveló por accidente un programa subversivo con un financiamiento de 6 millones de dólares para enviar documentos a diplomáticos norteamericanos en La Habana. Ese fondo iba destinado también a al menos 20 organizaciones que entrenaban a opositores en el país caribeño con el objetivo de desestabilizar el país.