La Corte Suprema de Brasil decidirá este miércoles si resulta necesario o no contar con la autorización del Legislativo para que el Poder Judicial pueda aplicar medidas cautelares contra parlamentarios. 

El juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal (STF) responde a una acción interpuesta por los partidos Progresista (PP) y Social Cristiano (PSC), que demandan la consulta al Congreso Nacional de la aplicación de sanciones, en casos de investigaciones legales, en un plazo de 24 horas.

La demanda del PP y el PSC fue presentada después que a fines de septiembre pasado la Primera Sala del STF acatara un pedido de la Procuraduría General de la República (PGR) y suspendiera de sus funciones legislativas al senador y ex candidato presidencial Aécio Neves, acusado de corrupción y obstrucción de la justicia.

Estas investigaciones se dieron después de que fuese aprehendido el empresario Joesley Batista, quien realizó denuncias en contra de funcionarios del Gobierno, entre ellos Neves. 

Entre las pruebas entregadas a la justicia, Batista presentó grabaciones que comprometen en el delito de soborno a Neves y al presidente de facto brasileño, Michel Temer, y aseguró que ambos recibieron sobornos suyos (de Batista) para beneficiar a su empresa. 

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El también candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) derrotado en 2014 y uno de los artífices del proceso de impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff ya había sido apartado temporalmente de sus funciones legislativas en junio pasado, tras darse a conocer la delación de Batista.

Sin embargo, según afirman analistas, es probable que el STF resuelva que no corresponde al Poder Judicial, sino al Congreso, adoptar medidas cautelares contra senadores o diputados federales, a fin de reducir la tensión entre ambos poderes y poner a salvo a Neves.