Tras el anuncio del decreto de emergencia en al menos 74 cárceles de Colombia, por parte del nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, calificó como tardía la decisión del Gobierno Nacional en torno a la situación penitenciaria del país. 

Polanco recordó los constantes fallos de la Judicatura ordenando atención en salud inmediata para los presos, el último proferido el pasado 30 de abril que protegía a enfermos terminales y a 16 internos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH), en la cárcel de Popayán (suroeste).

Sin embargo, no fue sino hasta el jueves pasado que el Gobierno nacional decretó el estado de emergencia en los centros penitenciarios.

"Aquí tienen que cumplir lo que se ha dicho y si no lo cumplen cualquier cosa que les pueda pasar a esos internos el Estado será responsable en cabeza del ejecutivo", precisó Polanco al manifestar que no se les pueden desconocer sus derechos a estas personas solo por el hecho de estar en una cárcel.

En los fallos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, explicó, se refleja la crisis en Caprecom. El magistrado explica que existe la posibilidad de presentar una demanda de repetición ante los jueces contenciosa administrativa.

¿Por qué surge la emergencia carcelaria en materia de salud? 

El Gobierno nacional decidió liquidar desde enero de este año a la institución Caprecom, encargada del sistema de salud de los colombianos, incluyendo a los reclusos en centros penitenciarios. En su lugar, para este sector de la población, se asignó el Fondo de Atención en Salud PPL, el cual aún no entra en operación. 

Por otra parte, la responsabilidad también recae sobre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada desde diciembre de 2015 del aseguramiento en salud de la población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión.

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Sin embargo, la unidad ha presentado diversas denuncias por desvío de dinero. Una de las denuncias más graves la dio a conocer el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en abril de este año.

Según él, en la Uspec "se estaría adecuando un presunto acto de corrupción" por irregularidades relacionadas con sobrecostos en el valor de la contratación de suministros, como medicamentos.

En el último mes, internos de trece centros penitenciarios entraron en huelga de hambre para exigir una respuesta por la falta de atención médica. La semana pasada seguían en declaratoria de desobediencia 135 presos de la cárcel de Doña Juana en la Dorada (Caldas, oeste) y más de 600 de la cárcel de Palo Gordo, en Girón (Santander, noreste).

Nuevo Plan de Acción 

Según Londoño, lanzarán un nuevo plan de acción que incluirá la realización de brigadas de salud desarrolladas por una red de apoyo con participación de las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y Fuerza Pública.

También, estimó la modificación del manual de funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para que profesionales de salud que son funcionarios de áreas administrativas puedan prestar servicios asistenciales.

Finalmente, ordenó la ejecución inmediata de obras de mantenimiento de las áreas de sanidad.

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No obstante, la Defensoría del Pueblo insistió que lo que se necesita es una declaración de emergencia social carcelaria, un estado de excepción que implique la asignación de mayores recursos, la modificación del modelo de salud y del régimen carcelario.

Indicó además que de la población carcelaria; cerca del 70 por ciento de ella corresponde a hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años y actualmente los internos allí recluidos superan en 4 mil 668 la capacidad de cupos, lo que representa un 255,6 por ciento de hacinamiento. 

Descuartizamientos 

Al menos 100 personas fueron descuartizadas en la cárcel La Modelo de Bogotá entre los años 1999 y 2001, sin embargo, no fue hasta sino 15 años después que se esclarecieron los hechos. 

Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, informó lo grave del caso es que las víctimas no sólo fueron reclusos, sino también visitantes y personas ajenas al penal de diferentes partes del país. Los encargados de cometer estos hechos atroces arrojaban los cuerpos por la red de alcantarillado de la cárcel.

Heyck informó que desde el año pasado iniciaron pesquisas por graves violaciones a los derechos humanos, desaparición y descuartizamiento de varias personas, no sólo en la penitenciaria La Modelo, sino también en otras tres cárceles del país como: San Isidro de Popayán, La Modelo de Bucaramanga y El Bosque de Barranquilla.

"Los horrores de lo que aconteció en esa cárcel deben ser analizados de manera penal por la Fiscalía, pero también necesita de una reflexión profunda en la sociedad colombiana", manifestó la Fiscal.

En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado de Colombia a que adopte "todas las medidas necesarias para prevenir la repetición de hechos similares, en particular la implementación de acciones para adecuar las condiciones de detención de la cárcel La Modelo y otros centros de reclusión a los estándares internacionales y para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad".

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