Desde antes de obtener una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la ultraderecha venía defendiendo pujantemente la proclamación de una “Ley de Amnistía y Reconciliación” a fin de perdonar y liberar a todos los políticos venezolanos autoexiliados o encarcelados por su responsabilidad en crímenes contra el pueblo y los poderes públicos.

El pasado martes 5 de enero, durante la instalación del nuevo Parlamento, los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentaron sus propuestas de leyes, entre las que destacó el indulto a los criminales vinculados a la oposición.

Análisis→ Ley de amnistía promovería la impunidad en Venezuela

Durante un polémico derecho de palabra que violó el Reglamento Interno y de Debate de la Asamblea Nacional, el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, expuso como "punto de honor" de sus  proyectos, La Ley de Amnistía y Reconciliación.

“La Ley de Amnistía y reconciliación es para que no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela”, aseguró Borges, pero lo que realmente significa la aprobación de tal reglamento es que quedarían en el olvido la responsabilidad de los ultraderechistas en casos de asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción.

Esta insistente propuesta por parte de la MUD deja clara la intención de promover la impunidad de todos las transgresiones en contra del pueblo venezolano.

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¿Quiénes serán los principales beneficiados con la amnistía?

Leopoldo López: Un político venezolano, exalcalde del municipio Chacao en el estado Miranda (centro-norte) y ex precandidato a la presidencia de Venezuela. Fue inhabilitado políticamente por su vinculación en hechos de corrupción, violencia y desestabilización.

Fue el promotor de las guarimbas o protestas violentas registradas en Venezuela durante el año 2014 a raíz de las cuales perdieron la vida 43 personas y otro centenar resultó herido.

El 18 de ese mismo mes fue encarcelado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio.

Antonio Ledezma: Exalcalde metropolitano de Caracas fue arrestado el 19 de febrero de 2015 por orden de la Fiscalía General de Venezuela, por su participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, el cual incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales y la sede de teleSUR en Caracas.

Se le acusa de conspiración y asociación, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Guillermo Zuloaga: Expresidente del canal venezolano Globovisión. En mayo de 2009 las autoridades venezolanas allanaron una de sus propiedades en Caracas, donde escondía 24 vehículos para supuestamente venderlos con sobreprecio.

El 25 de marzo de 2010 fue arrestado por ofensa y vilipendio contra el entonces jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, y divulgación de hechos falsos, al asegurar que el mandatario había ordenado disparar a la población durante el golpe de Estado de año 2002. Poco después fue puesto en libertad.

Ese mismo año,  en compañía de su hijo, huyó del país hacia Estados Unidos tras admitir que ambos cometían delitos de especulación y agavillamiento a través del concesionario Toyoclub Valencia C.A,  del cual eran dueños.

La Fiscalía le acusó de cometer usura genérica que conlleva entre 1 a 3 años de prisión según la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. Además se le imputa el delito de agavillamiento, estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal y que establece una sanción de 2 a 5 años.

Asimismo, les fueron dictadas órdenes de aprehensión, debido a que padre e hijo no pudieron justificar porqué estaban almacenados dichos automóviles de lujo en la referida residencia. Ambos permanecen en el país norteamericano evadiendo la justicia venezolana.

Nelson Mezerhane: El 4 de noviembre de 2005 el empresario fue imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del fiscal Danilo Anderson en 2004. Tras pasar 10 días huyendo y en la clandestinidad, se entregó a la justicia venezolana y obtuvo en ese entonces libertad condicional.

Mezerhane era dueño del Banco Federal, institución que en junio de 2010 fue sometida a un proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Bancos, tras comprobar una serie de irregularidades en el manejo de la institución.

El banquero huyó a Estados Unidos para evadir la justicia.

En agosto de 2010 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición activa de Mezerhane, al Gobierno de los Estados Unidos de América. 

José Rafael Pérez Venta:  Trabajó en los anillos de seguridad de voceros del partido Voluntad Popular (partido de oposición de Leopoldo López) por varios años. En agosto de 2015 fue arrestado por su presunta implicación en asesinato y descuartizamiento de la venezolana Liana Aixa Hergueta de 53 años.

En sus declaraciones aseguró que el general retirado Antonio Rivero (opositor al Gobierno venezolano) lo entrenó mientras trabajaba como parte del anillo de seguridad de dirigentes políticos.

Lorent Saleh: Dirigente y miembro fundador de la "ONG" Operación Libertad, fue entregado el 4 de septiembre de 2014 a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en San Cristóbal (sureste) y de la oficina de Migracion de San Antonio del Táchira, en calidad de deportado por el gobierno de Colombia.

Ese mismo mes el Gobierno venezolano presentó nuevas evidencias de la vinculación entre el uribismo y los integrantes de la llamada “Operación Libertad”, de la que forma parte Saleh.

Fue encarcelado por su participación en las acciones desestabilizadoras en el estado Táchira en 2014.