Serán dichas autoridades quienes tienen ante sí el reto y la obligación de construir la paz sobre la base de políticas de Estado para tal fin. Pero esas políticas de Estado, estructurales, se traducen en temas concretos en las diferentes regiones del país.

En específico, coinciden varios analistas, deberán estas autoridades trabajar con temas tales como tierras, narcotráfico, participación política y justicia transicional incluyendo el estado actual de las negociaciones preliminares con el ELN en Quito. Segundo, los problemas sustanciales del Proceso de Paz en el postacuerdo como dirección, seguridad, garantías y protección de los excombatientes enlazándolo con la forma de abordar los problemas de las comunidades afectadas por la violencia en el país.

Hasta el 03 de octubre, no obstante las expresiones de paz del gobierno, se contaban 7 candidatos asesinados y 157 bajo amenazas, crímenes que se han registrado en municipios claves para el narcotráfico y la minería.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE):

15 departamentos superaban el 50% de riesgo de fraude electoral.

12 departamentos superaban el umbral del 50% de riesgo de violencia en sus municipios.

16 entidades superaban el 50% de riesgo de transhumancia electoral (la mayoría en los departamentos fronterizos con Venezuela).

En 69 municipios el censo electoral es superior al censo poblacional.

El número de municipios en riesgo extremo por factores de violencia presentó un decrecimiento del 31%, mientras que los de riesgo alto pasaron de 71 en las locales del 2011 a 129 para este año, es decir un incremento del 82%.

De los 32 departamentos del país, cinco fueron directamente impactados por tener más del 90% de sus municipios en riesgo, estos son Arauca, Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó.

El estudio de la MOE asevera que el país tiene gran expectativa por el proceso de negociación en curso con las FARC que impacta de manera positiva la participación electoral. Así, el año pasado, para la primera vuelta presidencial, que coincidió con el cese unilateral al fuego por parte de las guerrillas (FARC y ELN) el balance electoral fue “altamente positivo”, sobre todo en los 205 municipios con mayor presencia insurgente.

Para las elecciones de octubre de 2015, 438 municipios (de un total de 1123) estaban en riesgo por factores de violencia electoral, a saber:

Violencia política

Presencia de grupos armados ilegales (GAI) dentro de los cuales hacen presencia las guerrillas y las Bacrim o grupos de Crimen Organizado, como se denominan actualmente (incluye el paramilitarismo creciente);

Las acciones unilaterales de los GAI,

El desplazamiento forzado y

La violación a la libertad de prensa. Al menos 73 periodistas han sufrido algún tipo de agresión durante el actual proceso electoral, según la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia.

El Crimen Organizado impactó el sistema electoral afectando la transparencia del proceso mediante la financiación de las campañas por el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas. El sistema electoral colombiano carece de medidas que permitan hacer seguimiento real a la financiación de la política.

ACNUR:

Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente 5.185.406 desplazados internos.

Colombia ocupa el 2° lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el 8° por el de refugiados en el exterior (económicos y por factores de supervivencia y seguridad (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas).

Los 3 departamentos con la concentración más alta de desplazamientos masivos durante el 2013 fueron Nariño, Antioquia y Chocó.

La Comisión de Seguimiento de la Política Pública calcula que el 91.3% de las familias desplazadas abandonaron tierras, bienes raíces no rurales, animales, muebles de hogar, etc.;

52.2% fueron despojadas de tierras (5.5 millones de hectáreas, equivalente al 10.8% de la actual superficie agropecuaria del país).

Estas pérdidas patrimoniales agravaron las cifras de pobreza y la concentración aún mayor de la tierra y los bienes rurales.

El GINI rural que está por encima del 0.6 (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas).

Colombia posee el tercer ejército más grande del continente, por encima de Brasil.

Colombia ocupa el puesto 12 de 168 en desigualdad en el ingreso, y acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres (PNUD-2014).

La Tasa de Mortalidad Infantíl es de 17,46 por cada mil nacidos vivos. No obstante, en Chocó es de 41,92%, en la Amazonia 38,44% y en La Guajira alcanza el 31,61% (El Tiempo, 16 de abril de 2015)

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que 26 niños murieron de desnutrición en 2013 en La Guajira, 48 en 2014 y 11 en el primer semestre de 2015. 64,5 por ciento de la población de La Guajira vive en la pobreza (35,87 por ciento por debajo del umbral de la indigencia).

Según las mediciones realizadas por varios organismos y observatorios de los diálogos y el conflicto, las elecciones se desarrollaron, en general, en condiciones de tranquilidad. De hecho la campaña electoral tuvo los más bajos niveles de violencia desde el año 1975. En buena parte gracias a la declaratoria de cese unilateral al fuego decretado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Sin embargo, se registraron denuncias de amenazas y actos violentos contra candidatos por parte de grupos paramilitares de ultraderecha, mal denominados Bacrim o bandas criminales.

El conflicto colombiano, en casi seis décadas ha causado 220.000 muertes, 660.000 viudas y huérfanos, 50.000 desaparecidos, 11.000 víctimas de minas antipersona, casi 6 millones de desplazados y miles de millones de dólares desperdiciados en una guerra fratricida.

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Pero no es solamente la responsabilidad de implementar los acuerdos de paz el reto más importante que tienen las autoridades elegidas el 25 de octubre. De igual manera enfrentan el reto de buscar la transformación de las costumbres y la creación de una nueva cultura política hasta ahora caracterizada por el control de mafias electorales regionales con un inmenso poder.

Existe entre diversos actores políticos la preocupación de cual será el escenario a enfrentar en aquellos lugares donde los enemigos declarados de la paz, como el expresidente Uribe, fueron favorecidos por los votos de la población. Si se aspira a que la terminación del conflicto armado entre la guerrilla y el Estado sea un paso efectivo hacia la construcción de la paz, se tendrá que encontrar un punto de equilibrio. El gobierno –que representa al Estado– deberá encontrar formas de transar acuerdos con Uribe.

De no conseguirse ese equilibrio, las mayorías colombianas pueden pasar de una esperanza escéptica a una especie de sorpresa mayúscula y de allí, muy fácilmente, a un rechazo general al acuerdo. Ese sería el terreno ideal para que la guerra continuara. Así la guerrilla y el gobierno firmaran los acuerdos, la amenaza y la muerte estarían respirando en la nuca. Los grupos ilegales siguen armados, las estructuras están vivas y nuevas víctimas estarían a la vista.

Para Luis Sánchez, investigador de la Fundación Arco Iris, los retos en las regiones implican la creación de un clima en los territorios donde no se estigmatice ni discrimine a los excombatientes, a los victimarios y a sus víctimas, que los ponga en danza de reconciliación y paz para el futuro, sin desconocer el pasado, pero consciente que sólo en el presente se pueden construir las bases, los acuerdos, los pactos, para una verdadera garantía de no repetición en el futuro, donde prime el respeto por la diferencia, los derechos humanos en toda su integralidad y la paz.

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Para ello es necesario que los gobernantes locales que vean en el postacuerdo una oportunidad para crecer, para transformar a la sociedad, que comprendan de una vez por todas, que la paz en sus territorios no la harán las Farc-EP, ni el Gobierno Nacional, que es un reto y una responsabilidad compartida, que les atañe desde ahora.

Por ello, consideran los analistas, urge entonces construir planes territoriales de paz, políticas claras de inversión social, articulación en redes institucionales y comunitarias, para el trabajo mancomunado, captar recursos del orden local, nacional e internacional para mejorar sus coberturas en educación académica y ciudadana, recuperación de valores e implementación de nuevos paradigmas ciudadanos para la convivencia que requiera cada territorio en particular, entre otras acciones, que también recibirán los excombatientes y su familiares, con las consecuencias negativas y positivas que se puedan producir.

Por lo tanto en los territorios de paz, sin trasgredir lo legal, se requiere con urgencia identificar las fortalezas legales que puedan contribuir con este ejercicio ciudadano, para ello en muchos lugares se cuenta con casas de Justicia y Centros de Convivencia que pueden ser re-potenciados para la paz en los territorios, dándoles un carácter de centros de educación masiva para la ciudadanía dado que múltiples instituciones convergen en sus sedes, fiscalía, personerías, comisarías de familia, unidades de mediación, jueces de paz, conciliadores en equidad, entre otras fortalezas institucionales y comunitarias.

Ellos al igual que otros actores públicos, privados y comunitarios, son los llamados a iniciar y consolidar el proceso de paz territorial que hasta hoy, solo gobiernos como el de Antioquia y Bogotá, junto a uno que otro municipio poseen como iniciativa gubernamental mucho antes del postacuerdo.

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Un ejemplo concreto de la importancia de las regiones en la concreción de la paz para Colombia lo constituyó la propuesta de la candidata Clara López Obregón del Polo Democrático quien se comprometió a convertir a Bogotá, en la capital de la paz. Sin embargo los electores le dieron su voto a Enrique Peñalosa, candidato de derecha y con fuertes nexos con Álvaro Uribe.

Bogotá, al concentrar una población de 8 millones de habitantes que representa aproximadamente un 20% del total nacional y ser la capital a la cual han llegado el mayor número de desplazados y víctimas del conflicto armado, busca incorporar en su plan de desarrollo para los próximos años, políticas públicas para el postacuerdo, que tengan en cuenta los actores armados que van a incorporarse a la vida civil en la ciudad, la consolidación de programas de apoyo y empoderamiento social y productivo de las víctimas, la re-significación de los territorios de la sabana afectados por el conflicto, como Sumapaz, así como brindar garantías a todos los nuevos movimientos políticos que surjan a la vida civil como expresión de los grupos insurgentes. Todo ello acompañado de un nuevo pacto de convivencia de los bogotanos que mitigue las nuevas violencias urbanas a través de oportunidades sociales y de una propuesta integral de convivencia y seguridad ciudadana centrada en el respeto de los Derechos Humanos.

Otras zonas claves son: Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. 

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