El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó que las propuestas del Uribismo atentan contra las bases del Acuerdo y aclaró cuáles son los puntos inmodificables. 

Esperamos en La Habana equipo de Gobierno con iniciativas ciudadanas que fortalecerán Acuerdo Final. Queremos iniciar ya su implementación

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 21 de octubre de 2016

Propiedad privada

Enrique Santiago explicó que este punto garantiza el derecho a la tierra a quienes la consiguieron legítimamente y también para aquellos que fueron despojados de sus parcelas durante el conflicto armado.

El Acuerdo Final de Paz entiende la propiedad privada como un derecho para todos los colombianos, no solo para los grandes terratenientes. 

El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó un proyecto de ley "que estimula la formalización y protección de derechos  adquiridos" pero el Gobierno de Santos dijo que la verdadera intención de la ley Uribista es recuperar terrenos ocupados de forma ilegal. 

Justicia Transicional

El presidente Santos fue enfático al señalar que juzgar a los excombatientes por la justicia ordinaria como propone el Uribismo, desconocería el hecho de la existencia de un conflicto armado en Colombia y la utilización del Derecho Internacional. 

Entregamos el Acuerdo de La Habana a los jóvenes de hoy y a las nuevas generaciones. El futuro que despunta es de reconciliación y dignidad

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 15 de octubre de 2016

Participación política

Las FARC- EP no renunciarán a convertirse en un partido político, explicó el abogado Santiago, quien añadió que no se puede replantear el postulado de la negociación política, según la cual se van a cambiar las balas por los votos.

Vinculación del narcotráfico con un delito político

Santiago explicó que no existe un punto en el Derecho Internacional que considere al narcotráfico como un delito de lesa humanidad. Sin embargo, si el dinero adquirido a través de esta actividad ilegal entró en la estructura financiera de las FARC- EP esto podría considerarse un delito conexo al delito político.

Negociación y tiempo

Las mesas de diálogo competen únicamente al Estado colombiano y el grupo insurgente, sentenció Santiago y añadió que no es posible negociar con partidos políticos ni fracciones de otras tendencias.

Espacios para la comunicación con representantes del No en Colombia pueden ser abiertos y sus propuestas pueden ser escuchadas por el Gobierno.

El abogado de las FARC- EP aseguró que el nuevo acuerdo debe estar listo antes de terminar el año 2016 para evitar un conflicto político entre la ciudadanía que acusa al Uribismo de querer dilatar el proceso con miras a las elecciones presidenciales de 2018. 

El triunfo del No en el plebiscito del pasado 2 de octubre en Colombia no avala una modificación total del Acuerdo Final de Paz ni tampoco significa que la negociación deba partir de cero, agregó al asesor jurídico.